lunes, 9 de noviembre de 2015

Los comienzos del ferrocarril en Cádiz



Es bien conocido que la primera locomotora de ferrocarril, fabricada por George Stephenson y movida a vapor, fue usada con éxito para transporte público a partir de 1825 en la línea férrea entre Stockton y Darlington. 

LOCOMOTORA DE STEPHENSON

El interés despertado en España por el nuevo medio de locomoción fue casi inmediato. Tan solo cuatro años después de la primera locomotora a vapor, el 23 de septiembre de 1829, José Díaz Imbretchts obtuvo de Fernando VII una concesión para montar un ferrocarril entre el Jerez de la Frontera y el muelle de El Portal, con la intención de transportar vinos. Muy poco después, se concedió a Manuel Cabero un privilegio real para crear una línea férrea entre Jerez, el Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. 
Algo más tarde, en 1833,  se obtuvo también autorización para un proyecto de ferrocarril entre Reus y Tarragona.  

Estos proyectos caducaron en 1838 sin que se llevaran a la práctica. Los primeros ferrocarriles que funcionaron en España fueron el de Mataró a Barcelona, inaugurado el 28 de octubre de 1848, el de Madrid a Aranjuez, en 1851, y el de Sama a Gijón en 1855, a los que se añadieron durante el mismo año, las líneas de Barcelona-Molins de Rey, Jerez-Puerto de Santa María y Valencia-Játiva, sumando las líneas férreas de España en 1855 un total de 305 kilómetros. Todas estas realizaciones se vieron precedidas por el ferrocarril de La Habana a Güines, que comenzó a funcionar en 1837.


ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

A partir de ahí, la construcción de líneas de ferrocarril se aceleró de manera notable. Entre 1855 y 1868 se pasó nada menos que a 4803 kilómetros de ferrocarril en España, habiéndose construido en 1859 y 1865, respectivamente, 800 y 929 kilómetros. En 1864 España solo era superada en Europa en kilómetros de ferrocarril por Inglaterra y Francia. Sin embargo, entre 1865 y 1875, la mala situación económica y financiera de España dieron lugar a un fuerte bache en la construcción de nuevas líneas. 

Acercándome al entorno geográfico de mis investigaciones, y sin tener averiguado el momento de su creación, tengo constancia de que en 1868 ya existía una Compañía de Ferrocarril de Sevilla a Jerez y Cádiz. Todo insinúa que la línea férrea de Cádiz a Puerto de Santa María estaba sin finalizar, aunque ya se ha visto que la de Puerto de Santa María a Jerez estaba en servicio desde 1855. Lo anterior lo deduzco del hecho de que la expresada Compañía ferroviaria no anunciaba en 1868 salidas de tren desde Cádiz y, sin  embargo, si lo hacía respecto a un barco de vapor. Con horarios variables, el 17 de septiembre, un día antes del estallido revolucionario en la ciudad, el vapor salía de Cádiz a las 11:15 h. y 14:30 h. El precio de los billetes era de 5 reales para los asientos de popa, 3 reales para los de proa y 2 reales "solo para los trajineros y cosarios, con dos arrobas de carga", como máximo. 

ANUNCIO INSERTO EN EL COMERCIO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1868

Parece que el vapor sustituía al tren mientras las vías se terminaban de acondicionar, pues el 20 de febrero de 1869  se anunciaba en la prensa local de Cádiz el inicio de un "servicio directo a Madrid", que incluía un tren para la capital de España otro a Sevilla y otros tres hasta el Puerto de Santa María. Poco después, dejó de anunciarse el servicio del barco a vapor con esta última localidad


HORARIOS DE TRENES INSERTO EN EL COMERCIO EL 20 DE FEBRERO DE 1869

Como se puede comprobar en el cuadro de arriba, el tren de Cádiz a Madrid salia a las 5:15 h. y llegaba a las 8:30 h. del día siguiente.  Es decir, tardaba en llegar nada menos que 27 horas y 30 minutos. No obstante, hay que hacer notar que la mejora respecto a cualquier transporte por tracción animal era impresionante. Además, las prestaciones mejoraron pronto.  El 20 de junio del año siguiente, 1870, ya se anunciaba un recorrido Cádiz-Madrid con salida a las 5:40 h. y llegada a las 6:05 h., esto es con una duración algo superior a las 24 horas.  

LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE CÁDIZ

martes, 3 de noviembre de 2015

Las dificultades de los no católicos para ser enterrados en cementerios hasta 1874

En España, los cementerios venían siendo motivo de fricciones entre alcaldes y párrocos desde mucho antes de la revolución de 1868. Sobre todo, el enterramiento en los cementerios municipales de los no católicos había constituido siempre un problema de difícil solución[1]. 

Sin libertad de cultos, y mientras se mantuvo la Santa Inquisición, los  no católicos no podían tener cementerios propios ni se les permitía que usaran los católicos, por estar estos consagrados. Todo ello llevaba a los familiares de los que no profesaban la religión católicas a situaciones muy complicadas y penosas cuando tenían que enterrar a sus difuntos.

Tal vez fue la colaboración de los ingleses en la guerra de la Independencia lo que llevó a Fernando VII a autorizar, ya en 1831, el uso de cementerios protestantes segregados de los católicos. Con ello legalizaba una situación de hecho que había comenzado en Málaga. 
CEMENTERIO ANGLICANO DE MÁLAGA

Ya he tratado en otro artículo de este blog sobre el establecimiento en Cádiz, en 1842, de un cementerio para los ingleses, que sirvió para mejorar ostensiblemente las condiciones en que quedaban enterrados los fallecidos anglicanos, que hasta entonces se habían estado enterrando en la playa por debajo del nivel de pleamar. 

PARQUE SITUADO EN LO QUE FUE EL CEMENTERIO
DE LOS INGLESES DE CÁDIZ

Años después de la autorización de Fernando VII, el 29 de abril de 1855 (durante el Bienio Progresista), se ordenó que todos los municipios de España construyesen cementerios para los que muriesen fuera de la comunión católica cuando la necesidad lo exigiera y que sus entierros se realizaran con el mayor decoro. Esta medida habría solventado probablemente el problema si el periodo progresista no hubiese acabado en poco tiempo.

La cuestión no estaba resuelta al producirse la Revolución de 1868 ni se terminó de arreglar de modo satisfactorio durante el Sexenio Democrático (1868-74). Pronto se dictaron medidas para que fuesen las autoridades municipales y provinciales las que tuvieran atribuciones para decidir sobre los cementerios. El artículo 50 de la Ley Municipal de 21 de octubre de 1868 atribuía el carácter de "inmediatamente ejecutivos" a los acuerdos de los Ayuntamientos sobre la administración y conservación de los cementerios, y el 51 estipulaba que las disposiciones municipales relativas a la construcción, traslación, supresión y régimen de los cementerios debían ser aprobados previamente por la correspondiente Diputación Provincial[2]. Pero las autoridades municipales siguieron mostrando, en general, muy poco interés en resolver los problemas de los no católicos a la hora de ser enterrados.  

La preocupación por permitir el enterramiento en los cementerios municipales a todos los ciudadanos independientemente de sus actos en vida o de su religión se puede comprobar en un decreto de Laureano Figuerola, ministro de Hacienda del Gobierno Provisional, firmado el 17 de noviembre de 1868 en el que se recordaban los fuertes conflictos que se habían producido al respecto entre las autoridades civiles y eclesiásticas y se declaraba la necesidad de ajustar las condiciones de los cementerios a los principios que debían servir de base a la nueva era, abierta por la revolución.

En marzo de 1869 los diputados Vicente Romero Girón, Cristino Martos, Pedro Mata, Carlos Godínez de Paz, Eugenio Montero Ríos, José Abascal y Miguel Uzuriaga presentaron en las Cortes Constituyentes una proposición de ley que trataba de declarar a los cementerios como establecimientos puramente civiles y locales. Se proponía que los cementerios fueran siempre dependientes de los Ayuntamientos correspondientes, que no se pusiera obstáculo a los familiares y amigos para que celebrasen a sus expensas los ritos o cultos que tuvieran por conveniente, que los que se construyesen de nueva planta careciesen de iglesia, capilla u otra señal de templo ni culto público o privado[3]. Hubiera significado, en caso de haberse aprobado, una secularización parcial muy beneficiosa para los no católicos.

Por fin, la  Constitución de 1869, con la sanción de la libertad de cultos, parecía que iba a resolver definitivamente el problema. Pero, como se podrá comprobar en un próximo artículo, no fue así. Porque una cosa fue la declaración constitucional sobre la libertad de todos para ejercer públicamente el culto de su religión y otra la voluntad de las autoridades municipales para traducir la ley en hechos.      




El 16 de julio de 1871 Sagasta, en esos momentos ministro de Gobernación, publicó una circular  ordenando que se habilitase un espacio dentro de los cementerios católicos donde enterrar a los que no profesaban dicha religión. La circular se encontró con la firme oposición de la mayor parte de los católicos, empezando por los capellanes de los cementerios, que siguieron reclamando a los acompañantes del cadáver la autorización del párroco y no aceptaban la entrada sin ese requisito. El fundamento para esta resistencia era que los cementerios católicos eran lugares consagrados y su uso para difuntos de otra religión era considerada una profanación sacrílega.

A pesar de las reticencias de los obispos y de los católicos más conservadores, e incluso de autoridades locales liberales del mismo partido o partidos afines a Sagasta, la circular fue aplicándose, en ocasiones creando espacios, no "dentro" de los cementerios, sino en sus aledaños. Al menos se consiguió que los no católicos tuvieran un lugar concreto donde ser enterrados, aunque el hecho de tener que edificarlos y la poca disposición a hacer gastos al respecto por parte de las autoridades locales, no los convertía en ocasiones en lugares suficientemente. En Cádiz, por ejemplo, hubo un tiempo en que el "nuevo" cementerio para los no católicos no pasó de ser un lugar cercado con estacas en la playa y al lado del cementerio municipal.

En 1873, durante la República, los municipios secularizaron en ocasiones sus cementerios, pero esta medida fue tan poco o menos duradera que la misma nueva y efímera forma de Gobierno    


[1] Sobre las dificultades de los no católicos a la hora de ser enterrados, en torno al Sexenio Democrático, Cf. los capítulos XI y XII de JIMÉNEZ LOZANO, J., Los cementerios civiles y la heterodoxia española, Madrid, Taurus, 1978. (Hay otra edición de Seix Barral de 2008.
[2]  Colección Legislativa de EspañaSegundo Semestre de 1868, tomo C, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1868, pp. 371 y 373.
[3]  Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentestomo I, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870. Apéndice segundo al número 29.

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miércoles, 14 de octubre de 2015

Cádiz y el vigésimo quinto aniversario de Pío IX



Ya se ha tratado sobre la iniciativa escolarizadora y catequética de la Junta de Damas y de la Asociación de Hijas de la Inmaculada Concepción, como antecedentes del Movimiento Católico. Por las fechas en que triunfaba y se asentaba en España la revolución consecuente al levantamiento de septiembre de 1868, La Iglesia católica comenzaba a adaptarse a las nuevas circunstancias y trataba de oponer acciones positivas que contrarrestasen la creciente secularización y sirviesen de propaganda católica. En esa línea, el fomento de la adhesión popular a Pío IX, iniciada a partir de la pérdida de los Estados Vaticanos, y con ella del poder temporal del papa, buscaba movilizar a los católicos como forma de resistencia a las medidas secularizadoras[1]. El vigésimo quinto aniversario de la llegada del papa al pontificado, en un momento de fuerte oposición eclesiástica a la política secularizadora nacional y a la figura del rey don Amadeo dio ocasión a la organización de una manifestación de adhesión popular al sumo pontífice, que buscaba fortalecer el ánimo de los católicos y dar una prueba a los poderes públicos de que había una abrumadora mayoría de católicos dispuestos a demostrar su apoyo incondicional a la Iglesia, por encima de la política secularizadora imperante. La visión de los católicos más intransigentes era que Pío IX había llegado a cumplir los veinticinco años de pontificado a pesar de la persecución inaudita a que le habían sometido los autores de una larga serie de extravíos y errores que estaban pervirtiendo el  orden social, el cual solamente podía restaurarse siguiendo la palabra infalible del sumo pontífice[2].




Los ultramontanos de Cádiz habían estado haciendo desde mayo de 1871 una labor de propaganda sin precedentes para lograr una afluencia masiva a los actos conmemorativos del aniversario de la entronización del papa, que hiciera ver a  los “enemigos del catolicismo” que no contaban con el apoyo de la inmensa mayoría de los gaditanos. El periódico moderado de Cádiz El Comercio, que siempre colaboró con el Obispado en sus objetivos, se volcó en difundir los trabajos de la Asociación de Católicos de Cádiz para organizar el evento. El 18 de mayo publicó un mensaje dirigido al papa por la asociación, en el que los firmantes alababan entre los grandes hechos del pontificado “el espectáculo de un gran concilio Vaticano celebrado a la faz de la impiedad moderna”. El escrito se encontraba en la sede de la asociación para que todo aquel que lo deseara pudiera firmarlo antes de su remisión[3]. La asociación abrió una colecta con el fin de remitir lo recaudado al Consejo Superior de la Juventud Católica, la cual se iba a encargar de enviar a Roma todo lo reunido en España. La cantidad conseguida confirma una adhesión muy amplia en Cádiz. El 20 de mayo, a poco de iniciarse la recogida de dinero, ya se habían conseguido unos ingresos de mil quinientos treinta y un reales. Once días después, el 31 de mayo, la suma que se publicó como definitiva se elevaba a veintidós mil ochocientos reales, que se remitieron el mismo día 31 de mayo a Madrid. Se habían estado recogiendo limosnas en todas las parroquias de Cádiz, en la tesorería de la Asociación de Católicos, en la escuela católica de Nuestra Señora del Rosario y en la redacción de El Comercio[4].


El Cabildo Catedral y el obispo organizaron otra colecta, para los gastos que iban a suponer los actos. La relación de las limosnas de organismos oficiales, asociaciones y ciudadanos, con un total de trescientos setenta y siete ingresos, ascendió a cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta reales, con aportaciones que iban desde los cuatro mil reales hasta muchas de un solo real[5]. Además de las aportaciones referidas, hubo otras anónimas (como la realizada por los diecisiete concejales que asistieron a los actos), abonadas en mesas petitorias que se distribuyeron por los alrededores de la catedral, y por suscripciones hechas por algunas personas, conventos e iglesias de la capital. Esta aportación suplementaria produjo un total de nueve mil ochocientos veinte reales con cincuenta céntimos[6].

Si se suman la recaudación de la Asociación de Católicos para enviar a la Santa Sede (veinte mil quinientos cuarenta y ocho reales) y la del Obispado para celebrar los actos en Cádiz  (cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta más los nueve mil ochocientos veinte con cincuenta adicionales), el total recaudado en poco más de un mes fue de setenta y tres mil trescientos noventa y ocho reales con cincuenta céntimos, cifra que no tiene precedentes entre las suscripciones populares realizadas en Cádiz durante el Sexenio Democrático[7]. Hay que matizar, no obstante, que había buena cantidad de aportaciones relativamente elevadas, con lo que el número de donantes suponían un porcentaje reducido para el total de habitantes de Cádiz. En los pueblos de la Diócesis también se hicieron colectas para la celebración de la capital, aunque la cantidad recaudada fue mucho menor[8].

El día 20 de junio hubo un repique general de todas las iglesias de Cádiz entre las doce y la una del mediodía y entre las ocho y las nueve de la noche. Muchas casas estaban engalanadas con colgaduras y “empezó a notarse gran animación en el vecindario”. Por la noche se iluminaron  la catedral y las parroquias del Rosario, San Antonio y San Lorenzo, además del Seminario Conciliar y las escuelas católicas de las calles de San Rafael y Bilbao. Igualmente, se iluminaron las sedes del Círculo Moderado, la Asociación de Católicos y el Casino Gaditano.
CASINO GADITANO

Sin embargo, los edificios públicos no se engalanaron ni iluminaron, aunque los conservadores opinaban que “tampoco hacía gran falta para completar el animado cuadro”. La excepción eran las casas consistoriales, que con su ornamentación habían “respetado los sentimientos del pueblo que representan”. Por la noche hubo música frente a la catedral y a la parroquia de San Antonio con gran animación en las calles, no produciéndose ninguna alteración del orden.
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

 El día 21 los repiques fueron aún más insistentes, pues comenzaron prolongándose durante una hora a partir de las cinco de la mañana, y se repitieron de diez a diez y media de la mañana, de doce a una del mediodía y de siete a ocho de la noche. A las ocho de la mañana se celebraron misas en todas las iglesias de Cádiz, desde la catedral a la más pequeña capilla privada. A las once menos cuarto de la mañana se celebró una nueva misa en la catedral con la presencia del obispo, seguida de un tedeum y la bendición papal. Y a las  cinco menos cuarto de la tarde se celebró una misa cantada en la catedral[9].




CATEDRAL DE CÁDIZ

Una vez terminados los actos, el Obispado publicó la relación de los gastos ocasionados. Los más importantes fueron: tres mil ochocientos reales en el pago a los músicos que habían intervenido en las celebraciones de la catedral, tres mil trescientos ochenta y uno en cera, dos mil setecientos cincuenta y cuatro en  alquiler de lámparas y mil quinientos en la iluminación de la fachada de la catedral. Como sobraba dinero, se emplearon, además cinco mil ciento setenta y seis reales para dos mil hogazas de pan, mil doscientos sesenta para calzado de treinta y seis niñas pobres y dos mil doscientos setenta y cuatro para vestir a veintisiete niños pobres. Después de todos esos gastos todavía sobraban diecisiete mil ciento treinta y cuatro reales, que se distribuyeron entre diversas instituciones católicas[10].

La prensa católica conservadora se encargó de alabar el éxito de la celebración, presentándola como una muestra de que el pueblo seguía marchando al lado de la Iglesia católica. El “fervoroso entusiasmo de Cádiz” era el mismo que brotaba “estos días de las almas de millones y millones de seres humanos”. Y esto se había producido porque se iba a rendir tributo no “a uno de esos guerreros afortunados, a alguno de esos tribunos de las muchedumbres, a alguno de esos caudillos de las revoluciones triunfantes”, sino a alguien “abandonado por todos los poderes humanos, desposeído de su corona de rey, materialmente preso en su palacio”. Pío IX era “el campeón de la fe y la verdad en estos tristes tiempos en que tantas conquistas hacen el escepticismo y el error”; era “la víctima augusta de la impiedad de nuestros días, la piedra inquebrantable a donde han ido a estrellarse todas las tentativas del fariseísmo moderno para arrancar concesiones que alterasen la pureza de la doctrina santa del evangelio”. Los “buenos católicos” debían vestirse de gala y “hacer ostentación pública del júbilo que embriaga todos los corazones, acudiendo a postrarse al pie de los altares para dar gracias a Dios Omnipotente por la protección que concede a nuestro Santísimo Padre”. Cádiz, “la culta y católica Cádiz”, debía ocupar “el puesto distinguido a que le dan derecho los nobles y levantados sentimientos de sus hijos” [11].

La participación popular en el acto religioso previsto en la catedral para las diez y media de la mañana del día 21 de junio fue tan numerosa que se tuvo que autorizar que entrase público en el coro, retrasándose el comienzo hasta las once menos cuarto. Según El Comercio, asistió el Ayuntamiento en pleno (no fue así, pues ya se ha visto que asistieron diecisiete concejales), así como los gobernadores civil y militar. El obispo pronunció un extenso sermón, en el que aprovechó “para presentar en toda su triste realidad las iniquidades de los novadores del día contra el pontificado”. Finalizada la misa, el prelado entonó el tedeum, finalizando la ceremonia sobre las dos y media de la tarde. Por la tarde el obispo, acompañado por el Cabildo Eclesiástico, condujo en procesión al Redentor alrededor del templo, acompañado por centenares de fieles con cirios, concluyéndose el acto a las ocho de la noche. En las parroquias y en las iglesias de los conventos de religiosas tuvieron lugar igualmente cultos consagrados a la festividad. La ciudad estuvo engalanada y “poquísimas casas aparecían sin colgaduras”. Cádiz había puesto, según afirmaban los agentes locales más favorables a los actos, “muy alta su reputación de religiosidad y cultura”[12].

El día 28 el obispo se dirigió a su Diócesis dando las gracias por la adhesión, participación y limosnas recibidas para subvenir los gastos ocasionados por el acontecimiento. Se mostraba impresionado por la demostración de fe de los gaditanos. Había publicado previamente una pastoral para pedirles que diesen “público testimonio de fe, adhesión y respeto al Padre Santo” en la confianza de que no iban a negarle “una cooperación, que por cierto no sería más que la continuación de la constante y afectuosa” que siempre le habían dispensado. Pero nunca se había imaginado que iban a responder con tanto entusiasmo. La piedad de los gaditanos había sido “tan tierna y fervorosa” que el obispo se sentía ligado a sus fieles “con profunda gratitud”. Fray Félix destacaba las aportaciones económicas de los fieles y publicaba en el mismo Boletín Eclesiástico en el que se dirigía a ellos para agradecerles su  respuesta incondicional, la suma que habían aportado con el fin de solemnizar el acontecimiento prodigioso, así como el detalle de la inversión realizada, a los que daba publicidad para que quedase constancia del “cristiano desprendimiento” de los gaditanos. También daba las gracias, además de al Cabildo Catedral y a todos los eclesiásticos de Cádiz, al Ayuntamiento, no solo por su asistencia a los oficios divinos, sino por los “demás obsequios tributados en honor de Su Santidad”. Y finalizaba transmitiendo el telegrama recibido del Cardenal Antonelli, “contestando al de reverente y ardorosa felicitación que por su autorizado conducto se dirigió a Su Santidad el memorable día 21”, y transmitiendo el agradecimiento del papa[13].

Los conservadores gaditanos en materia religiosa se volcaron con el aniversario de Pío IX en lograr una muestra incontestable de los valores tradicionales de la Iglesia. No hay constancia de una sola alteración del orden. El Ayuntamiento de Valverde, seguidor tibio de la revolución, no tuvo inconveniente alguno en participar en los actos. Ya se ha comentado que, aunque no asistieron todos, los que sí lo hicieron contribuyeron con una limosna de novecientos sesenta reales. Los seguidores del Partido Republicano se mostraron totalmente respetuosos con la libertad de los que deseaban manifestar su fervor religioso. El escenario fue muy distinto en Madrid, donde a partir del anochecer se asaltó el edificio de la Juventud Católica, quemándose un retrato de Pío IX, y se produjeron algunas otras alteraciones del orden. En el ámbito nacional, la prensa revolucionaria interpretaba las manifestaciones de fervor por Pío IX como favorecedoras de los intereses del Carlismo e incluso subvencionadas por los reaccionarios. Los católicos conservadores, por el contrario, insistían en que la afirmación católica había sido espontánea  e independiente de cualquier interés de partido.




[1]  Vid., MONTERO GARCÍA, F., y ROBLES, C., “Le mouvement catholique en Espagne dans les années 1870”, en LAMBERTS, E. (Ed.), The Black International, L ´Internationale noire, 1870-1878, Lovaina, Leuven University Press, 2002, pp. 427-463.
[2]  Esa es la idea que expresaban desde el carlismo Ramón Nocedal, Orgaz, Vildósola, Rocha, Vélez Hierro y Somoza en el Congreso el día 16 de junio de 1871, al pedir a la Cámara que se asociase al sentimiento general católico por la celebración del aniversario.
[3]  El Comercio,  núm. 9853 de 18 de mayo de 1871.
[4]  Ibídem, núm. 9866 de 31 de mayo de 1871.
[5]  Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Cádiz, núm. 515, 28 de junio de 1871, pp. 7-16. (El Comercio, en el número de la nota anterior, también  publicó los datos de las limosnas para los actos del aniversario, pero difieren de los de la Diócesis). Las principales limosnas fueron:  4 000 reales de “una señora” con las siglas J. V.,  1 000 reales del obispo, 2 000 del Cabildo Eclesiástico, 360 de los beneficiados de la catedral, 1 000 de Benito Picardo, otros 1 000 de la viuda de Palacios, 1 000 de viuda de Oneto, 1 000 de la viuda de Lasata e hijo; también aportaron 1 000 reales el Excmo. Sr. D. Ángel Urzaiz, Manuel Domecq y Víctor, Excmo. Sr. D. Rafael Sánchez Mendoza, Agustín Blázquez y la Asociación de Católicos de Cádiz. Entre estas pocas personas la donación llegó a los 16 360 reales. Hubo además siete aportaciones de 500 reales, seis de 400, una de 320, dos de 300, una de 240, veintisiete de 200, cuatro de 160, una de 140, y sesenta y una de 100.

[6]  En el mismo Boletín Oficial de la Diócesis de Cádiz de la nota anterior, pp. 16-18: Doña JV.: 400 reales; Parroquia de San Antonio: 599.50; Mesas de la catedral:  4 069; Mesas del sagrario: 80; Monjas de San Fernando: 461; Monjas de la Candelaria: 24; Parroquia del Rosario: 40; Mariana Ferrón: 120; Varios: 9 820.50 reales más.
[7]  La comparación de la recaudación que hizo la Diócesis en torno a la celebración del aniversario del papa, con otras realizadas por partidos o instituciones políticas, da la medida de la adhesión a la Iglesia católica de los gaditanos en estos momentos:
En diciembre de 1869 el  Comité Progresista organizó una colecta para socorrer  a los heridos y familiares de los fallecidos de la insurrección republicana de ese mismo mes. El 31 de diciembre la suscripción, a punto de finalizar, ascendía a 26 177.50 reales. Por su parte el Obispado, que había hecho otra colecta para la misma causa, había recibido 27 534 reales. La Soberanía Nacional, núm. 79, 31 de diciembre de 1868.Pocos meses después del aniversario de Pío IX hubo un naufragio de unos pescadores gaditanos y se abrió una suscripción en la que se recaudaron 20210 reales. El Comercio, núms. 10188 a 10157, 27 de febrero a 17 de marzo de 1872.

El 23 de agosto de 1873 el Comité Central de Socorros para los damnificados en la guerra del Cantón de Cádiz obtuvieron la cifra de 42 105 reales en el plazo de algo menos de un mes. El Comercio, núm. 10672, 24 de agosto de 1873.
[8]  Parroquia de San Fernando, 1 000 reales; parroquia de Conil, 404; parroquia de Jimena, 610; Parroquia de San José (Extramuros de Cádiz) 260; Puerto Real, 200; San Roque 200; Tarifa, 780; Medina Sidonia 768; Presbítero  Manuel Calderón 100; Presbítero José Rey, 23; Varias devotas del culto perpetuo del Sagrado Corazón de Jesús, 161; Alcalá de los Gazules 75. Total 4 482 reales. Boletín Oficial de la Diócesis de Cádiz, núm. 516, 13 de julio de 1871,  p. 7.
[9]  El Comercio, núm. 9886 y 9888,  20 y 22 de junio de 1871.
[10]  Boletín Oficial de la Diócesis de Cádiz, núm. 515, 28 de junio de 1871,  pp. 16-18. La distribución, en reales,  fue la siguiente: Escuela de nuestra señora del Rosario: 3 000; Escuela de las Concepcionistas:    3 000; Asilo del Salvador: 1 634; Asilo del  Buen Pastor: 1000; Casa de impedidas: 500; Viuda e hijos de un ahogado en la bahía el día 21: 1 000; Para los grados designados a estudiantes del Seminario, Facultad de Medicina e Instituto: 7 000.
[11]  El Comercio, núm. 9887, 21 de junio de 1871.

[12]  Ibídem, núm. 9888,  22 de junio de 1871.
[13]  Boletín Oficial de la Diócesis de Cádiz,  núm. 515 de 28 de junio de 1871, pp. 1 y 2. 

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jueves, 27 de agosto de 2015

Constitución de los Voluntarios de la Libertad

Antes del alzamiento gaditano de septiembre de 1868, los demócratas ya habían organizado clandestinamente en las ciudades más importantes de la península a sus seguidores, y una de las medidas tomadas inicialmente por las Juntas Revolucionarias que se fueron formando fue la de organizar esas milicias de ciudadanos como Voluntarios de la Libertad.

Estas fuerzas ciudadanas iniciales contribuyeron en buena medida a preservar el orden durante los primeros momentos de la revolución. Circulaban por las calles para mantener la tranquilidad ciudadana y restringir las actuaciones populares a manifestaciones pacíficas. En las poblaciones donde inicialmente se distribuyeron armas indiscriminadamente, los Voluntarios de la Libertad se encargaron de desarmar a los que no estaban sujetos al control de las Juntas. Esto fue especialmente significativo en Madrid, donde 40.000 personas se armaron libremente en el parque del Cuartel de San Gil.

CUARTEL DE SAN GIL. MADRID

No faltaron los casos en los que los mandos militares quisieron dejar bien claro que el Ejército se bastaba para estas tareas sin necesidad de colaboración ciudadana, lo cual dio lugar a ciertas tensiones. Así ocurrió en Sevilla, donde el general Izquierdo arengó a las tropas y se negó a entregar las armas a los paisanos que las solicitaban. Lo mejor que se podía hacer para controlar a los ciudadanos armados era organizarlos y ponerlos bajo las órdenes de las autoridades municipales.

En Cádiz, el 24 de septiembre de 1868 los demócratas de la Junta Local se reunieron en el Teatro Circo y acordaron solicitar a la Junta Provincial de Gobierno la creación de dos Batallones de Voluntarios de la Libertad, con la correspondiente entrega de 2.000 fusiles. El 30 de septiembre la Junta Provincial de Gobierno de Cádiz decidió formar los dos batallones solicitados y entregar a dicho cuerpo 1.000 fusiles.
LA ADUANA DE CÁDIZ, SEDE DE LA JUNTA PROVINCIAL DE 1868

Las normas por las que se debía regir el Cuerpo en Cádiz eran: “1º.- La fuerza ciudadana estará a las órdenes de la Junta Local. 2º.- Si la -junta- militar necesita de ella para algún servicio ordinario pedirá a la local la fuerza que considere indispensable. 3º.- En circunstancias extraordinarias, cuando el orden esté perturbado o amenazado de perturbación, no podrá hacerse uso de la fuerza ciudadana sin que medie acuerdo entre las autoridades militar y local.

De los batallones de Infantería de Voluntarios de la Libertad que se constituyeron en Cádiz, el primero estaba formado por demócratas, que muy pronto se pasaron al Partido Republicano, y tenía como jefe a Rafael Guillén Martínez, que sería presidente del Comité Republicano de Cádiz, y como segundo jefe a Fermín Salvochea, que muy pronto se destacaría al frente de una insurrección armada contra las fuerzas del Ejército. El Segundo Batallón estaba comandado por Juan José Junco y estaba formado por progresistas, si bien Junco y sus oficiales se declararon posteriormente republicanos.



RAFAEL GUILLÉN MARTÍNEZ Y FERMÍN SALVOCHEA
JEFE Y SEGUNDO JEFE DEL PRIMER BATALLÓN
DE VOLUNTARIOS DE LA LIBERTAD DE CÁDIZ

Los Voluntarios de la Libertad, organizados en numerosas localidades, contaban con un número muy elevado de integrantes. Como ejemplo, se puede citar el desfile de voluntarios de Madrid el 3 de octubre ante la Junta Revolucionaria, un día antes de que llegara el general Serrano. Los miembros de la Junta se situaron en el pórtico del Congreso de los Diputados, desfilando ante ellos unos 10.000 voluntarios.

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REFERENCIAS: 

DE LA FUENTE MONGE, GREGORIO, Los revolucionarios de 1868. Elites y poder en la España liberal, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 107-8.

HERRÁN PRIETO, JOAQUÍN,  La Gloriosa en Cádiz: de la Revolución de 1868 a la Constitución de 1869, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1986.

OROZCO GUERRERO, ANTONIO, "Los Voluntarios de la Libertad de Cádiz en los primeros momentos del Sexenio Democrático y su relación con las fuerzas regulares del Ejército. Colaboración y enfrentamiento",  en Revista Universitaria de Historia Militar, Vol. 1, Núm. 1 (2012). Disponible en :
http://ruhm.es/index.php/RUHM/article/view/5

Gaceta de Madrid, 4 de octubre de 1868, página. 11.

viernes, 21 de agosto de 2015

La Asociación de HIjas de la Inmaculada

Ya he explicado en una intervención cómo la Junta de Damas de Cádiz renunció a reanudar la inspección de las escuelas municipales de niñas tras haberla abandonado durante la administración del Alcalde republicano Rafael Guillén Estévez, en 1869, a pesar de los requerimientos del nuevo alcalde, el unionista Juan Valverde y Cubells, empeñado en recuperar la colaboración con el Obispado.
EL ALCALDE JUAN VALVERDE

     Los trabajos para impartir enseñanza gratuita privada, de carácter eminentemente católico, a niños y adultos se aceleraron después referida renuncia de la Junta de Damas, debida probablemente a la apuesta del obispo fray Félix por la creación de este tipo de escuelas como necesarias para mantener una educación católica, ante el temor a que las contingencias políticas trajeran de nuevo un Ayuntamiento republicano que tratase de imponer una enseñanza laica y prohibiese la enseñanza de religión en las escuelas públicas, como realmente sucedería en 1873.

A partir de la proclamación de la Constitución de 1869, el temor del clero católico de la ciudad al avance de la doctrina protestante, con la creación de escuelas de niños en Cádiz por el presbiteriano Abraham Ben Ollier y la  posibilidad de que se optase por una enseñanza pública laica, en la que la enseñanza de la religión católica fuese eliminada, dio lugar a la creación y potenciación de escuelas privadas católicas, a menudo por iniciativa directa del obisdpo.
ABRAHAM BEN OLLIER

      Estas escuelas católicas  locales produjeron el efecto positivo de mejorar la alfabetización de los más necesitados, incluyéndose a niños y niñas y también a mujeres. En 1869 se abrió en Cádiz la escuela de San Rafael y en 1871 la de San Bernardo. En abril de 1870 comenzó a funcionar la de niños de Nuestra Señora del Rosario, en cuya memoria de apertura se citaba expresamente que la fundación se hacía con la intención de dar a los jóvenes, “una enseñanza eminentemente cristiana”, lo cual se estimaba como cada vez más necesario a causa de la propaganda protestante que se hacía en Cádiz desde que se estableció en España la libertad de cultos. La escuela  fue fomentada, entre otras personas por Antonio de Cañada, responsable de las escuelas de la extinta Congregación de San Vicente de Paúl en Cádiz.

   Con el nuevo objetivo de crear escuelas privadas católicas de carácter gratuito que contrarrestasen la evangelización protestante, destacó otra institución gaditana, la Asociación de Hijas de la Inmaculada Concepción, también cuyas socias eran popularmente conocidas como “Las Concepcionistas”. Era una asociación femenina mucho más reciente que la Junta de Damas, pues había constituído el 27 de abril de 1867, “con el objetivo de atraer a las jóvenes gaditanas en torno al altar de la Inmaculada Virgen María, para labrar su propia santificación y trabajar en la de sus prójimos, acudiendo al remedio de las necesidades espirituales de las pobrecitas jóvenes y niñas de la población”. Su director espiritual en el momento de la fundación era el arcipreste de la catedral de Cádiz José María Urquinaona, luego obispo de Canarias.

URQUINAONA

      Las componentes de la asociación realizaban visitas domiciliarias a las jóvenes, “para vigilar sus costumbres y atraer a sus familias al desempeño de sus deberes religiosos”. Las asociadas ayudaban en los cuidados a enfermas en el Hospital de Nuestra Señora del Carmen, más conocido como “Hospital de Mujeres” (que es en la actualidad la sede del obispado de Cádiz).
HOSPITAL DE MUJERES

    La instrucción de niñas, y también de adultas, fue una  preocupación  constante de la asociación, formando la catequesis católica una parte esencial de la educación impartida. A poco de fundarse, en agosto de 1867, abrió el primer establecimiento de enseñanza nocturna. El 14 de octubre de 1869, cuando ya se habían abierto en Cádiz unas escuelas protestantes, las Concepcionistas fundaron una escuela de niñas, para oponerse a las iniciativas anticatólicas, de cuya enseñanza se hicieron cargo las mismas asociadas. Estas actividades educacionales, que servían de propaganda a favor del catolicismo al mismo tiempo que de forma de oposición a la evangelización protestante y a la política secularizadora del momento, sitúan a la Asociación de Hijas de la Inmaculada (y también, aunque en menor medida, a la Junta de Damas) como un antecedente de la faceta educativa de lo que con el tiempo se denominará “Movimiento Católico”.

  A partir de septiembre de 1870, la entrada en Roma de las tropas de Víctor Manuel II, con la consiguiente pérdida de los Estados Pontificios, daría lugar a una potenciación de nuevas formas de presencia católica en la sociedad que irían conformando el referido Movimiento Católico, entre las que se daría gran importancia a la enseñanza y catequesis católica y, en general, a la creación de asociaciones católicas. En 1872 había dos escuelas de niñas en el Hospital de Mujeres, la de las Concepcionistas, es decir, la creada en 1869 por la Asociación de Hijas de la Inmaculada, y la de niñas pobres de Nuestra Señora del Carmen, fundada por María de Arteaga y administrada por el canónigo penitenciario de la catedral Salvador Moreno como patrono y director. Las enfermeras del Hospital de Mujeres, que eran hermanas Carmelitas de la Caridad, se hicieron cargo de la escuela en abril de 1872, cuando el canónigo Moreno lo solicitó a la superiora general de las Carmelitas, por haber fallecido su única maestra. La escuela se reformó, utilizándose no solo para las clases correspondientes sino también para que sirviera de residencia para las hermanas.

    A la escuela de niñas de las Concepcionistas, se le aumentó en abril de 1872 el espacio disponible, al mismo tiempo que se mejoraban las instalaciones de la del Carmen. También en abril de 1872, tras comprobar la falta de instrucción religiosa de las pobres visitadas, la Asociación de Hijas de la Inmaculada estableció una escuela de adultas en el barrio de Santa María.

    En 1874 la asociación sostenía una escuela nocturna “para menestralas, niñas y adultas” (probablemente la que aumentó de espacio en 1872, pues estaba situada, como la del Carmen, en el Hospital de Mujeres) y otra diurna de niñas, establecida en la calle del Empedrador números 3 y 5, presididas todas por Luisa Ruiz Tagle.
PATIO INTERIOR DEL HOSPITAL DE MUJERES

   La nula participación política de la mujer y el escaso reconocimiento de sus actividades sociales no permitieron que las Hijas de la Inmaculada, como también las asociadas de la Junta de Damas, pudieran tener una participación activa y directa en la confrontación político-religiosa gaditana. Basta recordar que el llamado entonces “Sufragio Universal” era en realidad restringido, pues solo se refería a los varones, o que la ley de matrimonio civil posterior a la Constitución no permitía a la mujer publicar libros u opiniones en prensa sin autorización del esposo. No obstante, ambas asociaciones se mostraron muy activas con motivo del derribo del Convento de Nuestra Señora de la Candelaria en 1873. Ambas instituciones no dudaron en movilizarse, manifestándose en la calle a favor de la religión católica y la preservación de los conventos de monjas, tratando de convencer a las cigarreras de la Fábrica de Tabacos para que las secundasen y entrevistándose con el alcalde Salvochea para tratar de disuadirle de su intención.
FÁBRICA DE TABACOS DE CÁDIZ
AL FONDO A LA IZQUIERDA)

      Pero su principal aportación a la causa católica fue su labor educativa en apoyo a la idea del obispo  fray Félix de oponerse al protestantismo con las mismas armas educativas y luchar contra la previsible secularización de la enseñanza pública, como efecto de la libertad de cultos sancionada por la Constitución de 1869,  oponiendo una enseñanza privada católica.

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REFERENCIAS:

Archivo Diocesano de Cádiz, legajo 168, carpeta “Enseñanza”; legajo 158, carta del obispo al Cabildo Catedral de fecha 14 de febrero de 1872.

DELGADO CRIADO, B., La educación en la España contemporánea, (1789- 1985), Madrid, Ediciones SM, 1994.

ESPIGADO TOCINO, G.
·   Aprender a leer y escribir en el Cádiz del Ochocientos, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1996.
·    La Primera República en Cádiz. Estructura social y comportamiento político durante 1873, Caja de San Fernando, Sevilla, 1993.

GÓMEZ FERNÁNDEZ, J., Disidencias y escuelas en la Bahía de Cádiz (1835- 1936), El Puerto de Santa María, Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia, 2009.

GUEREÑA, J. L., y TIANA FERRER, A., Clases populares, cultura, educación. Siglos XIX-XX. Coloquio hispano-francés, Madrid, Casa de Velázquez, 1989. 

LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., Recuerdos gaditanos, Cádiz, Tipografía de Cabello y Lozón, 1897.
MONTERO GARCÍA, F.:
·    El movimiento católico en España, Madrid, Eudema, 1993. 
·  “Propaganda católica y educación popular en la España de la Restauración. 1900-1920)”, en AYMES, J.-R., FELL, E. M., GUEREÑA, J.- L. (eds.), École et Église en Espagne et en Amérique latine. Aspects, idéologiques et institutionnels, Tours, l´Université de Tours, 1988,

ROSETTY, J.,  Guía de Cádiz, El Puerto de Santa María, San Fernando y el Departamento, Cádiz, Imprenta  y  Litografía de la Revista  Médica, 1874.

TIANA FERRER, A., Historia de la educación popular en España Contemporánea. Diez años de investigación, Madrid, CIDE, 1994.





martes, 4 de agosto de 2015

Fray Félix no juró la Constitución de 1869

En una intervención reciente expliqué cómo el episcopado español se negó desde el primer momento a prestar juramento a la Constitución de 1869, a pesar de que las negociaciones del Gobierno Provisional español con la Santa Sede dieron lugar a la autorización explícita del cardenal Giacomo Antonelli, secretario de estado del Vaticano.

La ley de 17 de marzo de 1870, dando un mes de plazo al clero español para prestar el juramento, solo consiguió la constestación formal al regente, Francisco Serrano, de la inmensa mayoría de los arzobispos y obispos, confirmando su absoluta negativa.    

Fray Félix, el obispo de Cádiz, fue uno de los últimos en remitir su carta de negativa: no estaba presente en el Concilio Vaticano por motivos de salud y, prudentemente,  decidió esperar a que estos redactaran sus comunicados.



      EL OBISPO FRAY FÉLIX                                                                EL REGENTE SERRANO

Esta es la carta que el gaditano fray Félix remitió al isleño (de la próxima ciudad de SAn Fernando) Serrano: (En negrita pongo algunas frases que, subjetivamente, considero destacables)


El obispo gaditano 

Serenísimo Señor:

Ya llegó la hora de manifestar a V.A. clara y sinceramente lo que hasta hoy dejé solamente indicado en mis comunicaciones al venerable clero de esta Diócesis. Vi y comprendí desde luego cuál debía ser la conducta de un obispo tratándose de prestar el juramento, que por decreto firmado por V.A. se exige a los prelados y demás eclesiásticos que percibían pensión del Estado y no obstante me detuve en hacer la genuina y franca declaración, que tengo la satisfacción de elevar a la consideración de V.A. porque no se calculase de precipitada e irreflexiva, toda vez que mediaban contestaciones aclaratorias de Roma sobre la licitud del juramento con ciertas salvedades y precauciones para remediar el escándalo que pudiera causar en los verdaderos fieles grandemente prevenidos contra él. Después al intimarse y marcarse con un preámbulo terrible el dicho juramento, su forma, las manos en que debía prestarse y el tiempo prefijado para llevarlo a cabo me afirmé más y más en mi primer propósito de negarme abiertamente a jurar la nueva Constitución y a manifestarlo así al respetable clero que presido.

La sabia, razonada y concluyente exposición que V.A. ha recibido de los dignos prelados españoles desde la ciudad de Roma negándose a prestar el juramento a la Constitución, vino a afirmar mis propósitos y a secundar y llenar mis deseos; porque haciendo como es justo hacer, abstracción de lo que diplomáticamente ha ocurrido, toda vez que en esa misma comunicación ni se salvan los inconvenientes que han surgido posteriormente, ni se dirige a los prelados, ni por ella se obliga a prestar el juramente; el prelado de Cádiz, en su nombre y en el de venerable deán, Cabildo Catedral, párrocos y eclesiásticos todos, llamados por el decreto de 17 de marzo a prestar juramento de  la Constitución, resuelta y decididamente dice, y con él los expresados que non possumus.

En este no podemos jurar, porque no podemos, verá V.A. una vez más confirmada la lealtad y profunda adhesión del episcopado y clero español a sus principios y convicciones tanto más laudables cuanto menos acogida tendrán por ciertos espíritus volubles en materias de creencias, que ya alaban una, ya abjuran de otra, ya las niegan todas, ya las toleran y aplauden todas.

Habremos tal vez por esta conducta de quedar privados de la justa y canónica asignación o sea mezquina indemnización por los casi inmensos bienes que el Estado ha recogido de la Iglesia de España. ¿Qué importa Señor? No lo quedaremos de la honra, que vale infinitamente más que el dinero, según el Oráculo Divino. Ahí  están los fieles esperándonos y la adorable providencia de nuestro Dios, que les mueve para darnos cuanto necesitemos, reproduciéndose así en España la historia de los primeros tiempos, en los cuales no  hubo  presupuestos para el clero y sobró la libertad e independencia de la Iglesia. Con justo y preferente derecho a todas las clases del Reino podríamos reclamar y pedir de lo que antes fuimos despojados, pero guardamos silencio en este punto, mientras la Santa Sede no hable o autorice  nuestra formal renuncia de la dichosa asignación, toda vez que esta fue sancionada con pacto solemne por ambas potestades en el último Concordato.

Trabajo me cuesta creer lo que oigo por estas provincias y que pasa de boca en boca con profunda indignación de todas las personas sean del color que sean, que se ha dicho que en la capital del Reino, no se pagará al clero mientras que no jure la Constitución. Si esto fuese cierto, era lo bastante para no jurarla, si bien este dinero es nuestro y muy nuestro, y nada tiene que ver con el juramento en cuestión.

Concluyo ya, Serenísimo Señor, asegurándole que, a pesar de mi negativa y de mi digno sumiso y ejemplarísimo clero catedral y parroquial, puede V.A. estar seguro y firmemente persuadido, así como el Gobierno que hoy rige los destinos de esta trabajada y humillada Nación, que ni el obispo ni el clero tienen ni abrigan otros planes que los que su conciencia les dicte, y pongo a  Dios por testigo. Quiero decir que sin necesidad de juramento puede V.A. creer que respetaremos y acataremos cuanto proceda de su autoridad y la del Gobierno Español sin estorbarles para nada ni levantar ni ondear bandera alguna más que la de la Iglesia Católica Romana.

Fuente: Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Cádiz, número  508, 22 de mayo de 1870, páginas 1-5.

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