viernes, 27 de marzo de 2015

Causas de los derribos de conventos en Cádiz

He relatado en anteriores posts las circunstancias que rodearon el derribo de algunos conventos en Cádiz.

Por lo que se refiere a los franciscanos descalzos, parece que estos tenían mala fama por no haber auxiliado a los gaditanos que huían de los soldados cuando estos tiroteaban indiscriminadamente a todo aquel que se encontraban en la calle el 10 de marzo de 1820, día que se pretendía proclamar de nuevo en Cádiz la Constitución de 1812. También he explicado que esa mala fama podía haber sido provocada por Adolfo de Castro al relatar los hechos en su Historia de Cádiz. No obstante, hay que pensar que el convento fue derribado en 1868, nada menos que cuarenta y ocho años después de los hechos relatados por Castro, y estaba vacío desde 1835. Estas circunstancias descartan la animadversión contra los franciscanos descalzos como causa directa del derribo

Las razones aducidas explicitamente por los que deseaban el derribo fueron fundamentalmente dos: La primera,  que el estado ruinoso del edificio y el consiguiente peligro hacía necesario el derribo; la segunda fue la necesidad de dar trabajo a los jornaleros de Cádiz, ciudad que atravesaba una conyuntura económica muy apurada.   

EN PRIMER PLANO EL CONVENTO DE LOS DESCALZOS

Por lo que se refiere al convento de monjas de Nuestra Señora de la Candelaria, los argumentos fueron prácticamente idénticos. Por una parte se acudió al mal estado del edificio y a que el desplome de alguno de sus muros podía producir un grave peligro para los transeúntes; por otro, hasta la autoridad eclesiástica se refirió a la posibilidad de dar trabajo a los jornales, aunque, claro está, no para derribar el edificio, sino para subsanar los daños.

PLAZA DE LA CANDELARIA

Durante los años que mediaron entre el derribo de Los Descalzos (1868) y el de La Candelaria (1873) también se derribó el de la Merced; pero este hacía ya tiempo que se había modificado para albergar la Fábrica del Gas, por lo que se puede decir que ya no se derruía un convento, sino un edificio del que casi no había conciencia de que había sido un convento.

LA FÁBRICA DEL GAS DE CÁDIZ

Por último, el convento de San Francisco no fue derribado, pero sí una parte de él, (como la sede de la Orden Tercera de San Francisco, con su templo incluido).  Parte del convento se aprovechó para la Sede de la Academia de Bellas Artes de Cádiz y para el Museo Provincial; además su extenso huerto fue convertido en  una plaza pública, la plaza de Mina.

Si se miran los efectos directos de los derribos de los conventos aludidos y del uso de sus huertos, se pueden apreciar realmente cuál era el motivo real de todas las actuaciones en este sentido. Mi conclusión es que en Cádiz no había una especial inquina contra los monjes o monjas de unos conventos cuyo estado de conservación no debía ser tan acuciante en términos de seguridad. Pascual Madoz ya hablaba en 1846 (en su diccionario) del estado ruinoso de Los Descalzos y La Candelaria, que más de veinte años después seguían en pie sin que hubiese sucedido ningún desplome o accidente.

Entonces, ¿Cuáles fueron esos efectos directos? Pues, si se mira la figura que incluyo debajo de estas líneas se puede ver claramente: una ganancia de espacio en una ciudad muy carente del mismo.

ESPACIO GANADO EN CÁDIZ CON EL DERRIBO DE CONVENTOS 
Y UTILIZACIÓN DE SUS HUERTOS

El mapa representa la zona de Cádiz interior a las Puertas de Tierra, donde sobre 1868 se concentraban más de 70 000 habitantes. 
  • En rojo la superficie de la Plaza de la plaza de Mina, antiguo huerto de los Franciscanos.
  • En azul el mercado de abastos y los edificios construidos en el solar de los Descalzos. 
  • En negro la plaza resultante del solar del derribo del convento de la Candelaria
  • Y en verde la plaza de la Merced.
En conclusión, no niego que existiera en Cádiz cierta inquina contra algunos frailes ni que tuviera su importancia el hecho de dar trabajo a los más necesitados. El estado de ruina de algunos edificios fue una excusa: puestos a elegir era más fácil hacerlo con estos. Pero, a mi entender, la razón fundamental, consciente o inconscientemente, era de tipo urbanístico. Una ciudad con muy escasa superficie y relativamente muy poblada para la época, necesitaba urgentemente espacio. Hay que tener en cuenta que por entonces el terreno situado extramuros era zona declarada oficialmente como sensible en materia de seguridad y cualquier edificación o urbanización planeada en la misma se encontraba con la dificultad de conseguir la autorización de la autoridad militar.

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jueves, 26 de marzo de 2015

El "Padre Cayetano"

La sanción de la libertad de cultos de 1869 anunciaba en España un cambio importante a favor de los protestantes, pues por primera vez podían practicar su culto públicamente dentro de la legalidad. Los metodistas afirmaban ese mismo año que habían efectuado una amplia difusión de la palabra de Dios por España y que no había prácticamente un puerto o ciudad importante que no hubiera sido visitado. Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Cádiz se habían convertido en “grandes centros”, desde los cuales las zonas inmediatas habían “sido trabajadas cuidadosamente”. Sevilla era “el cuartel general de la misión” en el sur de España, y Cádiz, junto con El Puerto de Santa María y Jerez, habían sido visitados. Los metodistas pensaban que la reciente apertura revolucionaria aconsejaba no abandonar. Un agente conocedor de España y su lengua estaba iniciando trabajos para volver.

El 14 de mayo de 1869, el Sínodo de la Iglesia Unida Presbiteriana recomendó al Comité para las Misiones, “tomar ventaja de las favorables ventajas abiertas ahora para extender el Evangelio en España”. La visita al país del reverendo H. M. MacGill llevó a seleccionar Cádiz como “centro de operaciones”. Los evangelistas escoceses o presbiterianos enviaron en 1870 a un representante a Cádiz, bien provisto con Evangelios, y la ciudad conoció su primera misión presbiteriana, que abrió el 1 de mayo de 1870 una capilla y dos escuelas de niños. Su sede se encontraba en la calle Bilbao número 19 (muy cerca del convento de monjas agustinas de La Candelaria), contando con dos pastores: Abraham Ben Ollier, un judío converso procedente de Gibraltar que había sido vendedor de babuchas en Orán, y el joven  Manuel Canencia, procurador de profesión, que solía asistir a las reuniones del Casino Republicano, donde se reunían los republicanos más templados de la ciudad. 


ABRAHAM BEN OLLIER

Los recién llegados pertenecían a la Iglesia Reformada Española, surgida tras una asamblea general de distintas congregaciones existentes en España, reunida en 1869 en Sevilla ( En 1872 adoptarían el nombre de Iglesia Cristiana Española, pasando posteriormente a su denominación actual: Iglesia Evangélica Española). La casa de la calle Bilbao era demasiado pequeña y en 1870 estaban buscando otra de mayor capacidad. The Sunday School Teacher. A magazine of essays, lessons, ilustrative material, educational notes, and inteligence, vol. IV, London, Sunday School Union, 1871, en su página 217, pedía urgentemente ayuda a los cristianos de Londres para aportar fondos para encontrar una casa adecuada para los evangélicos gaditanos

Al parecer, y como sucedió en otras partes del país, los neófitos surgidos en Cádiz tras la revolución pertenecían a las clases sociales más bajas de la localidad. Al menos así lo indica un informe del obispo de Cádiz fray Félix María de Arriete, de 1875, en el que expresa que los seguidores de la misión presbiteriana eran “poquísimos y de la clase más ínfima” no habiendo en las escuelas más que doce niños y veinte niñas".

La misión debió tener más éxito del esperado por la autoridad eclesiástica católica local, pues mereció la atención del “Padre Cayetano”, pseudónimo del canónigo de la catedral Francisco de Lara y Arjona, que distribuyó entre el público varios folletos, en los que rebatía las doctrinas evangélicas, ridiculizaba a sus pastores y seguidores y restaba importancia a su labor en Cádiz. Lara había sido canónigo en la colegiata de Jerez hasta que en junio de 1869 ocupó la vacante de José Joaquín de Palma en el Cabildo de la Catedral de Cádiz, por promoción de este a deán del mismo. 

La actividad del Padre Cayetano surgió a raíz del conflicto local por el uso del cementerio municipal. Los protestantes querían ser enterrados en el mismo y la respuesta del Ayuntamiento de Juan Valverde fue cerrar el cementerio "de los ingleses" y no ceder en las peticiones de los protestantes, basándose en que el cementerio municipal estaba consagrado como católico y por tanto solo podía ser usado por los católicos. La pretensión de los protestantes contó con el apoyo de los republicanos de Cádiz y de algún juez, provocando el aumento de las críticas del clero gaditano contra los protestantes. En ese contexto el canónigo Francisco de Lara comenzó a escribir sus folletos virulentos contra los presbiterianos de la calle Bilbao, usando seudónimo para no ser identificado como un clerigo contrario a la Constitución y a la libertad de cultos. Pienso que debió elegir el seudónimo en memoria del cardenal Tomás Cayetano, general de los dominicos, que se distinguió por sus esfuerzos para frenar a los luteranos y se entrevistó con Lutero. 

El Padre Cayetano, es decir, el canónigo Francisco de Lara,  no destaca como un clérigo especialmente reaccionario. Es más, el hecho de haber sido designado por el Gobierno provisional como canónigo de Cádiz, muestra que era una persona del agrado de los revolucionarios. Debía tener contactos entre los progresistas o al menos no rehusaba entrar en negociaciones en caso necesario con ellos. Como ejemplo, en noviembre de 1870 fue designado para reemplazar a Vicente Calvo en la misión de negociar en Madrid acerca del cargo contra el Cabildo Catedral por incumplimiento del decreto de incautación de obras pías y patronatos. Tampoco tuvo ningún inconveniente en enero de 1871 en conferenciar con el Ayuntamiento gaditano (constituido fundamentalemtne en aquellos momentos por progresistas y unionistas) para decidir sobre el modo de organizar un funeral en la catedral por el alma del general  Prim, uno de los pilares de la revolución de septiembre de 1868 y conocido masón. 
  
Sus folletos contra los protestantes de Cádiz eran duros e inflexibles en el aspecto dogmático y en el terreno de las creencias, pero se mostraban totalmente respetuosos con las libertades individuales y cualquier opción política, incluyendo las revolucionarias. Por ejemplo, en la tercera carta de su Epistolario, titulada “Están juzgados” y fechada el 8 de julio de 1871 el Padre Cayetano dice a los fieles católicos de Cádiz: “Sed monárquicos, sed republicanos, abrazaros a la bandera que más os plazca, de cualquier modo estaréis limpios, porque habréis sido libres para elegir y  decidiros; pero si cambiáis vuestras puras y venerandas creencias religiosas por el inmundo y asqueroso plato de lentejas que os ofrecen los protestantes quedareis manchados, ensuciadas vuestras frentes y empequeñecidos a la  presencia de vuestros hermanos”  (Cursiva en el original). Más adelante, en la misma carta, solo considera inadmisible la libertad de conciencia, porque para él la conciencia “es lo único que Dios no ha hecho libre en el hombre”.



JOSÉ AGUSTÍN ESCUDERO, OTRO PROTESTANTE QUE ACTUÓ EN CÁDIZ POR ESTAS FECHAS Y FUE OBJETO DE LAS AGRIAS CRÍTICAS DEL PADRE CAYETANO

Respecto al número de neófitos disidentes de Cádiz no hay datos seguros. Si se tiene en cuenta una estimación del Padre Cayetano, dada con evidente intención de ridiculizar la presencia protestante en la ciudad e indicar el bajo nivel social de sus seguidores, se puede aventurar que estos podrían rondar las trescientas personasLa “estadística” daba “cuarenta gallegos hartos de pita”, que concurrían a la capilla de la calle Bilbao, “para esperar allí a la novia”. "cien artesanos que iban a reírse (...) de los absurdos que dice el pastor y las cocas de la pastora”; “treinta descalzas reales”, es decir las que acudían los días que se repartían “cinco reales por cabeza”; cinco personas de ambos sexos “sin creencias ningunas” (sic), que se habían pasado al protestantismo, “por lo que cae” (o sea, por lo que pudieran obtener de su aparente conversión); “cuatro porteros y ayos que venden su alma al diablo por cobrar un sueldo”;  (...) “diez polizontes” que asistían asiduamente; y “cien protestantes extranjeros”  que  vivían en Cádiz. Estas cifras, tendentes a ridiculizar a los protestantes y a minimizar su impacto en la ciudad, daban la cantidad de doscientas ochenta y nueve asistentes a los actos religiosos de la capilla de la calle Bilbao, con lo que se puede deducir que su número podría  ser mayor. 

REFERENCIAS:
  • Cartas del Padre Cayetano al Protestante Escudero, Cádiz, Imprenta de la revista Médica, 1872.
  • Christian work, or The news of the churches, News series, Vol. V, London, Partridge and Co., 1870, pp. 19, 131 y 169.
  • Epistolario del P. Cayetano o colección de sus once cartas a los protestantes de la Iglesia evangélica establecida en esta ciudad de Cádiz, Cádiz, Imprenta Ibérica, 1871.
  • María vindicada de los insultos de los protestantes: opúsculo por el P. Cayetano en el que se refutan las blasfemias de los cuadernos tratados evangélicos nº 4, y la Virgen María y los protestantes, publicados en Madrid en 1870, Cádiz, Imprenta y litografía de la Revista Médica, de Federico Joly y Velasco, 1871.
  • PUELLES y CENTENO, J. M. de,  Recuerdos de mi juventud, Cádiz, Imprenta de M. Álvarez, 1907.
  • The Wesleyan-Methodist Magazine for 1869, Fifth series, Vol. XV, London, Wesleyan Conference Office, 1869, pp. 469, 470 y 556. 
  • The Sunday School Teacher. A magazine of essays, lessons, ilustrative material, educational notes, and inteligence, vol. IV, London, Sunday School Union, 1871.
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martes, 24 de marzo de 2015

Derribo del convento gaditano de La Candelaria

PLAZA DE LA CANDELARIA, 
ZONA QUE OCUPABA EL CONVENTO

Desde la proclamación de la república, fray Félix, el prelado gaditano se encontraba en Jimena de la Frontera, realizando su segunda visita pastoral, que había de llevarle por Tarifa, Algeciras, San Roque y Los Barrios, no regresando a Cádiz hasta septiembre de ,1874. Esta visita pastoral ha sido interpretada por algunos autores como una excusa del obispo para retirarse de la capital de la Diócesis en momentos que se preveían difíciles. No obstante, hay que tener en cuenta que fray Félix siempre puso su misión pastoral por encima de otras circunstancias. Así lo demuestra el hecho de que no limitó su estancia en el Campo de Gibraltar a la etapa de Salvochea, sino que se mantuvo en dicha zona hasta varios meses más tarde. El 24 de febrero de 1873 fray Félix había designado al arcipreste Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros como gobernador eclesiástico, por haberse ausentado también de la capital el canónigo Vicente Roa. Pero muy pronto tendría que sustituir también a Herrero como gobernador eclesiástico para encargar a Fernando Hüe del difícil cometido de luchar contra las medidas laicistas municipales. 

La primera medida que tomó Fermín Salvochea Salvochea tras ser elegido alcalde en marzo de 1873 fue la de expulsar a las monjas agustinas del convento de Nuestra Señora de la Candelaria y ordenar el derribo del edificio así como el de su templo, que estaba abierto al culto. El mismo día de instalación del Cabildo Municipal, el 22 de marzo, el alcalde envió una comunicación escrita a Herrero informándole que una comisión municipal iba a visitar el lunes 24 de marzo los conventos de la Candelaria y Santa María El día 23 Herrero contestó que había dado las órdenes oportunas, pero necesitaba saber a qué hora se iba a efectuar la visita. Inmediatamente,  recibió una breve respuesta comunicándole que la comisión y arquitecto pasarían por los conventos a la una y media en punto.

El mismo día 24 de marzo ya había entregado el arquitecto municipal al alcalde un informe sobre el estado del edificio de La Candelaria. De él se extraía la conclusión de que era imprescindible el derribo de algunos muros y habitaciones que se apoyaban en ellos, pero del resto solo se certificaba que se necesitaban obras de conservación. Concretamente, se informaba que era indispensable efectuar la demolición de los muros sobre los que se apoyaban algunas celdas de las monjas en la primera planta, que no eran usadas “por considerarlas la misma comunidad en estado ruinoso y riesgo inminente el habitarlas”. Asimismo, el muro interior correspondiente a la calle Bilbao y su fachada se encontraba “en muy mal estado, por lo que también debería demolerse”. Sobre las demás partes del edificio, el arquitecto solo expresaba que se había observado una  “falta de obras de conservación”.

Pero la decisión de derruir todo el edificio estaba tomada desde antes de la visita del arquitecto. La Comisión de Fincas Ruinosas, a cuyo frente estaba el alcalde, comunicó el 25 de marzo que, “la mayor parte del edificio” se encontraba “en completo estado de ruina”. Se decidió dirigir un nuevo oficio al gobernador eclesiástico para que en el término de cuarenta y ocho horas se despejase “el edificio por las personas que lo habitan”. Los miembros de la corporación evitaban referirse explícitamente a una exclaustración de monjas, buscando con ello que la medida no fuese interpretada como un efecto del decreto de supresión de casas religiosas de 18 de octubre de 1868, tratando así de evitar que el Estado se apropiase del convento. Preferían hablar de “personas en peligro” que debían desalojar un edificio, fórmula que denotaba el laicismo de los ediles y al mismo tiempo resultaba más conveniente para los intereses municipales. La Comisión fue autorizada para ejecutar inmediatamente en el convento las alteraciones que estimase necesarias para la seguridad pública. Estas “alteraciones” se resumían en el derribo completo del edificio, como se comprobará a continuación.

El 26 de marzo a las once de la mañana Herrero recibió el oficio del Ayuntamiento y contestó inmediatamente a Salvochea mostrándole su total disconformidad con el informe del arquitecto municipal. Solo reconocía el estado de ruina de uno de los muros exteriores del convento de la Candelaria y participaba que estaba dispuesto a proceder inmediatamente a la reparación de esa parte “contribuyendo así a facilitar trabajo a las clases obreras de esta ciudad”. Había dado ya las órdenes oportunas para establecer una separación entre la parte que debía repararse y el resto del edificio, en el que podía seguir, en su opinión, residiendo la comunidad, “quedando de este modo a salvo la clausura canónica”. Si esto no fuese aceptado por el Municipio, el gobernador eclesiástico se reservaba designar un arquitecto para que procediera a reconocer el edificio y extendiera “su dictamen para los fines que la legislación vigente prescribe”.

El mismo día 26 Salvochea contestó a Herrero lacónicamente: “Sólo debo manifestarle que se atenga en un todo a lo que le digo en la comunicación que recibió V. a las once de la mañana de hoy”. El gobernador eclesiástico, que pronto abandonaría Cádiz, no tuvo más argumentos por presentar y cedió ante el temor por los disturbios que pudieran producirse. El 27 de marzo escribió al alcalde expresándole que le constaba “por manifestación de personas fidedignas, el inminente riesgo de graves perturbaciones” si no se desalojaba el edificio en el plazo indicado y que por ese motivo había dado las órdenes oportunas para que se realizase la “evacuación”. Evitó usar la palabra “exclaustración”, tratando con ello de seguir el argumento municipal de que se trataba de evitar un peligro para las monjas,  con la esperanza de que, una vez subsanado el problema, estas podrían regresar. Pero nada de esto entraba en los planes de Salvochea.

En vez de una nueva réplica de Salvochea, el gobernador eclesiástico recibió el 28 de marzo la orden de recoger todos los objetos sagrados del templo del convento, con la intención explícita de derribarlo también. Se había procedido ese día al desalojo de las monjas y ya habían comenzado los trabajos de derribo del convento. El arquitecto municipal había comunicado a Salvochea que, al efectuar trabajos en las cubiertas, había visto confirmado que la armadura que cubría el mirador de la nave de la iglesia estaba en tal mal estado que exigía su demolición. El gobernador eclesiástico contestó a Salvochea que la Alcaldía debía comprender que era su deber protestar contra esa determinación municipal, que lastimaba los derechos de la Iglesia y conculcaba, a su juicio, los que se tenían al amparo de la legalidad vigente. A continuación, manifestó al alcalde que estaba dispuesto a proceder a desalojar la iglesia, pero que esperaba de su cortesía que al menos le diese algún plazo, pues aunque se trabajase sin descanso, se necesitaban al menos dos o tres días para extraer los altares, imágenes y demás enseres del templo.

La prensa católica conservadora gaditana se movilizó enseguida en contra de la medida municipal. Desde El Comercio (portavoz del Partido Moderado, de la Asociación de Católicos y de los denominados "neocatólicos") se expresaba que los católicos no esperaban que los republicanos federales de Cádiz rindiesen culto a sus  creencias, pero les pedían que fueran consecuentes con sus ideas y respetasen en los que no eran republicanos las libertades absolutas y derechos individuales que tantas veces habían reclamado para ellos, así como para todas las opiniones y para todas las creencias. Las “santas mujeres” que ocupaban el convento de la Candelaria, “inofensivas por su sexo y por su alejamiento del mundo y de toda clase de intereses profanos”, tenían derecho, desde el punto de vista de las libertades que defendían los republicanos, “para vivir en clausura, consagradas a Dios y a la práctica de las virtudes cristianas”. Los católicos conservadores conocían la razón que daban los munícipes para desalojar a las monjas de su convento, pero defendían que no se trataba más que de un pretexto para destruirlo, “pasando por encima de unos derechos indiscutibles” desde su punto de vista. El 26 de marzo una manifestación de señoras había estado durante “todo el día en movimiento dirigiéndose de una parte a otra en demanda de justicia”. Eran “varios centenares de damas, entre las cuales se veía todo lo más distinguido de la buena sociedad gaditana”. Habían acudido a las casas capitulares para pedir al alcalde que revocase la orden de desalojo de La Candelaria, pero sus gestiones no obtuvieron ningún resultado. 


Los republicanos de La Soberanía Nacional informaron a sus seguidores que las señoras de la manifestación habían invadido desordenadamente el Ayuntamiento, dando “gritos de despecho movidos por el fanatismo religioso”, lo cual se encargó de rebatir El Comercio informando a los suyos que solo había subido una comisión de señoras a parlamentar con el alcalde, permaneciendo el resto en el patio de entrada, sin producirse gritos ni otras alteraciones del orden.

Por la noche del día 26 de marzo, una comisión municipal se había reunido con el gobernador eclesiástico, no logrando el último ni siquiera el retraso del plazo señalado, que según su opinión, era insuficiente y hacía casi imposible sacar del convento los utensilios y enseres que contenían en cuarenta y ocho horas. Los miembros de la Asociación de Católicos de Cádiz habían estado reunidos también el día 26 en junta extraordinaria para acordar los recursos necesarios y medios legales que procedieran para recurrir contra el acuerdo municipal.

El desalojo de las monjas se realizó el 28 de marzo. Los católicos de Cádiz daban por consumada la primera parte de los propósitos municipales sobre el convento e iglesia y auguraba que pronto se cumpliría la segunda: “La piqueta revolucionaria recibirá pronto el impulso para convertir el templo en ruinas”. La fecha del cierre fue evaluada por los clericales como un “día de verdadero luto para los católicos”. Las señoras que habían celebrado la manifestación del día 26 participaron en una ultima liturgia en el templo del convento. El Sagrario se trasladó a continuación al cercano convento de Nuestra Señora de la Piedad, de franciscanas concepcionistas descalzas, entre la conmoción de los numerosos espectadores, pues “no se oían más que sollozos mal reprimidos y aun hubo personas a quienes fue preciso retirar, acometidas por accidentes producidos por los mismos esfuerzos que hicieron para reprimirse. Hombres y mujeres, eclesiásticos y seglares, todo el mundo lloraba”. En contraste con el pesar de los católicos, los republicanos, “para dar digno remate a la obra”, organizaban entre tanto una protesta contra la manifestación de señoras del día 26 y “unas doscientas personas de ambos sexos recorrían la ciudad con una banda de música y unas banderas en las cuales se leía el lema de ¡Abajo los conventos!”.



PÁGINA DE EL COMERCIO EN LA QUE SE NOTICIA EL DESALOJO DE LAS MONJAS DE LA CANDELARIA

El Comercio hacía alusión a esta manifestación de hombres y mujeres contra el convento, realizada simultáneamente a su abandono, para que sirviera de contraste con el dolor de los fieles, pero obviaba la que tuvo lugar el día 27, formada exclusivamente por mujeres. A primeras horas de ese día el templo de La Candelaria se había cerrado ante el número de personas que se acercaban por sus inmediaciones. Por la mañana, las mujeres republicanas del Círculo Mariana de Pineda, acompañadas por la banda de música del hospicio, desfilaron por la ciudad daño gritos de “Abajo los conventos” y cantando el “Trágala” (la canción que entonaban los liberales en Cádiz para humillar a los absolutistas desde el levantamiento de Riego). Se dirigieron al edificio municipal, donde fueron recibidas por el alcalde y varios concejales. Margarita Pérez de Celis, en nombre del círculo, hizo entrega de un escrito a favor de la ejecución del acuerdo municipal, reanudando a continuación su recorrido y pasando por delante del convento dando gritos de “Abajo Candelaria”. El escrito entregado al Ayuntamiento decía:

"A los ciudadanos que componen el Ayuntamiento Popular de esta ciudad. Habiéndose presentado en el día de ayer una manifestación de un centenar de señoras aristócratas hipócritamente por la influencia de los curas, a pedir que no se haga el derribo del convento de Candelaria, que está ruinoso y denunciado; Y nosotras conociendo la dañada intención con que se han presentado dichas señoras a pedir a esa digna corporación una cosa tan injusta, indigna de una población culta, pedimos que no tan solo se derribe el convento en cuestión, sino que todos los que existen, por ser estos establecimientos de ninguna utilidad a la sociedad, a la religión y a los adelantos del siglo diecinueve; esperando lo hagan con toda rectitud por ser de justicia. Salud y República Federal Social".

La conmoción entre gran parte de los católicos gaditanos por la exclaustración de la Candelaria fue enorme. Francisco Mateos-Gago, catedrático de Teología y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Literaria de Sevilla, que había sido vicerrector del Seminario de Cádiz, decía poco después de la expulsión de las monjas que esta se había verificado “con saña tan verdaderamente federal, que se prohibió que sacaran ni aun las ropas de su uso, permitiéndoseles solo llevar la ropa puesta”.

Los católicos conservadores evaluaron que la inmensa mayoría de los gaditanos dieron una muestra inequívoca de su identidad católica al acudir a presenciar la despedida de las  monjas. Los redactores de El Comercio estaban convencidos de que si se hubiera votado un plebiscito a favor o en contra de las monjas de la Candelaria, los enemigos de las monjas habrían sido una minoría exigua, pues nunca había estado “más pronunciada la opinión pública”. Durante la salida de las monjas “nadie se recataba para protestar con su actitud, con su palabra, con su ejemplo, contra los hechos lamentables que se estaban consumando”. Además de El Comercio, La Palma (también moderado), La Voz de Cádiz (partidario de la Unión Liberal y de la restauración borbónica) y La Monarquía Tradicional (carlista) protestaron en sus páginas contra la expulsión de las monjas de la Candelaria. 

Mientras tanto, La Soberanía Nacional, representante de los republicanos federales más moderados, refiriéndose a las damas que se manifestaron para que no se cerrase el convento, comentaba que nada de esto hicieron cuando hacía poco se había cerrado la fábrica de tabacos de Cádiz, que dejó (aunque por poco tiempo, pues fue vuelta a abrir) a muchas gaditanas de las clases más necesitadas sin un trabajo imprescindible para subsistir.

Por su parte, los gaditanos partidarios de la política municipal animaban al Ayuntamiento a que llegase más lejos. El Cabildo Municipal recibió el 28 de marzo una instancia suscrita por algunos ciudadanos solicitando que no sólo se realizase el derribo del convento de la Candelaria sino el de todos los demás que existían en la ciudad, pero esta propuesta no se discutió siquiera. Los conventos de monjas que seguían abiertos eran el de Nuestra Señora de la Piedad, de franciscanas concepcionistas descalzas, y el de Santa María de la Concepción, de franciscanas concepcionistas calzadas. El último había sido inspeccionado el mismo día que el de la Candelaria por el arquitecto municipal pero nunca se discutió sobre su desalojo.

El Poder Ejecutivo de la república no había aprobado lo realizado por Salvochea con el convento de La Candelaria. Pero ello no impidió que tratase de rentabilizar los acontecimientos a su favor. El mismo día que el convento era desalojado y se iniciaba el derribo, el gobernador civil, Moreno Portela, decía por escrito al alcalde que el subsecretario del Ministerio de la Gobernación, en telegrama llegado esa misma tarde, le había hecho la siguiente pregunta : “Sírvase V.S. decirme qué hay de cierto respecto al derribo del convento de la Candelaria que se dice va a acordar el Ayuntamiento”. Los miembros del Gobierno habían tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Cádiz porque las señoras que se habían manifestado el día 26 habían telegrafiado a Figueras y Castelar pidiéndoles que no se permitiera el derribo del convento. Ambos les contestaron que no estaba entre sus atribuciones impedirlo, pero que se iban a dirigir a quien correspondiese para que no se derribase ningún templo. El día 29 de marzo, cuando se recibió el escrito de Moreno Portela en el Ayuntamiento, Salvochea le contestó que ya se había procedido al derribo de la iglesia y del convento, porque su estado de ruina amenazaba con gran peligro a la población. Es obvio que no se “había procedido al derribo”, sino solo a iniciarlo, pero el alcalde no quería recibir la orden de parar los trabajos y quiso dar la impresión de que ya todo estaba concluido.

El 28 de marzo tenía el alcalde otro escrito en sus manos, este del administrador económico de la provincia, que le comunicaba que, habiendo tenido noticia de la demolición del convento de la Candelaria y estando prevenida por orden del Ministerio de Hacienda con fecha 16 de noviembre de 1868, cuya copia acompañaba, la incautación de los solares y materiales procedentes de los derribos de este tipo, había designado un representante para inspeccionar las operaciones y para la formación del inventario de los materiales que resultasen, a fin de que el Estado procediese a enajenarlos en pública licitación. Como se puede comprobar, una vez realizada la exclaustración e iniciado el derribo, el Estado “legalizaba” la decisión del alcalde recordando circulares que habían estado en el olvido y utilizaba los hechos consumados por iniciativa municipal para tratar de incautarse del solar. 

La propiedad estatal de los conventos exclaustrados no había sido discutida desde el comienzo de las desamortizaciones, pudiendo este proceder posteriormente a cederlo al respectivo Municipio. Pero Salvochea no estaba dispuesto a que la Administración central, que no había mostrado desde el principio el más mínimo interés en que se cumpliese el decreto de exclaustración de octubre de 1868, quisiera ahora aprovechar la situación llevada a cabo por una decisión municipal, llevándose los beneficios económicos que reportase. Ante el oficio del administrador económico de la provincia, resolvió no negarse de momento abiertamente, pero le advirtió que el Ayuntamiento estaba costeando el derribo y los gastos que se estaban produciendo debían ser resarcidos del producto de la venta de los materiales.

Después de haber expulsado a las monjas y derribado el convento de la Candelaria por iniciativa propia, rebasando sus atribuciones, y de haber desoído la orden del administrador de Hacienda de la provincia relativa a la propiedad de los materiales, incautándose de los beneficios de los mismos, Salvochea envió una solicitud al ministro de Hacienda, por conducto de los diputados republicanos por Cádiz, pidiendo que se entregara el solar a la ciudad. En primer lugar, justificaba una vez más el derribo por el mal estado del edificio y el consecuente peligro para los transeúntes: “El Ayuntamiento republicano federal de Cádiz, con la atención debida, hace a V. presente: que el estado de ruina en que se encontraban el convento e iglesia de monjas de la Candelaria de esta ciudad, hizo indispensable proceder a su derribo, como medida de seguridad no sólo para las personas que lo habitaban, sino también para las que transitaban por sus inmediaciones”. A continuación, quiso hacer ver que aunque la decisión no había sido voluntaria, sino impuesta por las circunstancias, había dado lugar a una mejora urbanística de esa parte de la ciudad: “De esta determinación, que la necesidad impuso, ha resultado una mejora que de antiguo se hacía sentir, cual era la de ampliar la antes mezquina plaza llamada recientemente de Castelar, y ensanches de las estrechas calles de Bilbao y Jacobinos”. Salvochea parecía reconocer ahora la propiedad estatal del solar, a pesar de que esto no le había impedido derribar el convento sin autorización del Gobierno: “Para que el pueblo de Cádiz pueda disfrutar de esta mejora, se hace indispensable que por el Estado, a quien pertenece el expresado solar, se ceda a esta ciudad para dedicarlo a un objeto de tan reconocida utilidad pública”. Y en vista de todo lo anterior, se pedía al ministro que cediera al pueblo de Cádiz el solar en que estuvo el convento y la iglesia de la Candelaria “para satisfacer la necesidad antes indicada; así como los materiales que produzca el derribo para aplicarlos a la construcción de un mercado, que se hace indispensable para el abasto del vecindario”.



LA PLAZA RESULTANTE DEL SOLAR, FUE LLAMADA INICIALMENTE "PLAZA DE CASTELAR". AQUI, CON EL MOMNUMENTO AL POLÍTICO REPUBLICANO GADITANO

El gobernador eclesiástico Sebastián Herrero, no supo estar a la altura de las circunstancias en la confrontación para evitar la exclaustración y derribo del convento. Cierto es que poco podía hacerse y Herrero debía estar convencido de que el alcalde no iba a cejar en ningún caso en su decisión sobre el convento. Pero podría haber acudido al ministro de Gracia y Justicia, buscando un reconocimiento de la ilegalidad de la actuación municipal El Ayuntamiento no se apropió de las imágenes, cuadros y otros objetos de valor del convento y permitió que fueran retirados por el Obispado. Pero esto no fue así porque el gobernador eclesiástico hubiera hecho alguna gestión al respecto, sino porque Salvochea solo estaba interesado en los materiales del derribo y en el solar. El 30 de marzo, dos días después de la exclaustración de las monjas, el Obispado comenzó a transportar las imágenes, cuadros y molduras del templo, pidiendo a los directores de El Comercio y La Monarquía Tradicional, que organizasen colectas entre los que quisieran ayudar a los gastos del traslado


En poco tiempo, Herrero sería substituido como gobernador eclesiástico por Fernando Hüe, que mostraría su preparación y flexibilidad para abordar el problema.




REFERENCIAS:


  • Archivo Municipal de Cádiz, Caja 6677, carpeta "Derribo de Candelaria".
  • Archivo Municipal de Cádiz, Actas del Cabildo Municipal desde el 22 de marzo hasta el 5 de junio de 1873.
  • Archivo de la Diócesis de Cádiz, legajo 174.
  • El Comercio, números 10531 a 10535, de 27 a 31 de marzo de 1873. 
  • Números sueltos de La Palma, La Soberanía Nacional
  • MATEOS-GAGO FERNÁNDEZ, F., “Hazañas Cantonales” (Artículo dirigido al Gibraltar Guardian, fechado el 26 de julio de 1873), en  Colección de opúsculos, Sevilla, Imprenta y Librería de A. Izquierdo, 1887,  p. 230. Mateos-Gago sería un personaje muy relevante en posteriores polémicas entre el integrismo y el accidentalismo de León XIII.
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domingo, 22 de marzo de 2015

Primer intento de derribar La Candelaria de Cádiz

VISTA AÉREA DE LA PLAZA DE LA CANDELARIA, 
LUGAR QUE OCUPABA EL CONVENTO DEL MISMO NOMBRE

El monasterio de Nuestra Señora de la Candelaria, de monjas agustinas calzadas, se estableció inicialmente en la ermita del Rosario con religiosas nacidas en Cádiz, a las que se agregaron dos agustinas procedentes de Jerez. Más tarde se trasladaron a su ubicación definitiva cuando, siendo obispo Antonio Zapata, compró tres casas junto a una ermita propiedad de moriscos, que había pasado  a disposición del Obispado tras su expulsión, decretada en 1609. En 1846 contaba con veintitrés monjas, siete menos de las autorizadas, y ya se encontraba en muy mal estado de conservación. Tras la revolución de 1868 se convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades locales republicanas, que terminaron por derribarlo en 1873.


Entre enero y octubre de 1869, el primer Ayuntamiento gaditano elegido por sufragio universal masculino, el dirigido por el republicano Rafael Guillén Estévez, comenzó a hacer gestiones para conseguir la cesión de alguno de los tres conventos de monjas que había en Cádiz. El decreto de 18 octubre de 1868 contemplaba la exclaustración e incautación de la mitad de los existentes, por provincias. 

La orden de Sagasta de 20 de noviembre, inserta en la Gaceta de Madrid de 18 de noviembre de 1868 y la circular del gobernador civil de Cádiz, publicadas el 28 del mismo mes en el Boletín Oficial de la Provincia, pidiendo a los Ayuntamientos que informasen a los gobernadores de provincia de los conventos que consideraban conveniente exclaustrar, no se habían ejecutado hasta el momento. No habiendo un plazo límite para hacerlo, todo parecía indicar que ahora la petición podía ser atendida sin dificultad. 

Pero las gestiones iniciales, decididas por Guillén el 16 de febrero de 1869, no tuvieron en cuenta dichas disposiciones y no se dirigieron al gobernador de provincia sino directamente al Gobierno. Este no envió ninguna respuesta y a finales de abril el Municipio reactivó las gestiones para lograr la cesión de alguno de los conventos de monjas, dirigiendo ahora la petición al gobernador civil, como tendría que haberse hecho desde el principio. 

Basándose en la necesidad de locales para las escuelas públicas, el Municipio se refería implícitamente a La Candelaria cuando decía en la petición al gobernador: “Algunos de los edificios eclesiásticos sujetos al decreto de incautación de los bienes del clero del 18 de octubre son muy a propósito para este fin”. Tuvo lugar una reunión entre representantes del Ayuntamiento y el gobernador civil en la que este comunicó que no podía acceder a la entrega de ningún convento de monjas porque aún no se había procedido a la incautación acordada por decreto de 18 de octubre del año anterior. 

La contestación del gobernador era una excusa, porque la condición para que se produjera la incautación era precisamente que los Municipios le informasen de sus necesidades y eso era lo que estaba haciendo el de Guillén. Ante la negativa, el Cabildo Municipal se limitó a pedir al gobernador que una vez obtenida la propiedad de estos bienes, fuesen entregados al Municipio. Pero ninguno de los sucesivos Gobiernos del Sexenio Democrático hizo gestión alguna para cumplir lo contemplado en el decreto de 18 octubre de 1868, en lo que respecta a los conventos de monjas de Cádiz.. 

En junio de 1869 el Ayuntamiento de Rafael Guillén seguía realizando gestiones para conseguir el edificio de La Candelaria. Pero por otra vía: en vista de que la exclaustración de monjas no se realizaba, la Comisión Municipal de Obras Publicas propuso que se pidiera autorización al obispo (fray Félix) para que se practicase un minucioso reconocimiento del convento de Nuestra Señora de la Candelaria, atendiendo al estado ruinoso en que se encontraba, a juicio de la Comisión. El mal estado del edificio era conocido desde mucho tiempo atrás y podía justificar su derribo, en caso de que no hubiese reparación posible, para atender tanto a la seguridad personal de los transeúntes que pasaban por sus inmediaciones como a la de las monjas que residían en su interior.

Antes de estas gestiones, en marzo de 1869, el arquitecto municipal había inspeccionado otro convento de monjas, el de concepcionistas calzadas de Santa María, pero se comprobó que su estado de conservación era bueno. Además, parece que en ese reconocimiento no hubo intención semejante a la que movió a hacerlo con el de la Candelaria, pues el alcalde Guillén había comunicado al obispo que las razones de la inspección eran practicar un reconocimiento necesario para poder resolver la solicitud de un ciudadano, que reclamaba la apertura de varios huecos en una finca contigua al referido convento, que se le mandaron cerrar por el anterior Municipio. 

Tras la promulgación de la Constitución de 1869, que sancionaba ola Monarquía, los republicanos de Guillén se mostraron más activos en sus intentos de apropiarse de La Candelaria. El 6 de julio de 1869 se solicitó formalmente a la Administración de Hacienda Pública la entrega de los conventos de monjas de la Candelaria y las Descalzas, “de que deberá haberse incautado en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno provisional en lo relativo a supresión de comunidades religiosas”. Pero ni el Gobierno se había incautado los conventos de monjas de Cádiz ni había mostrado desde el principio de la revolución intención de hacerlo. 

Al no obtenerse respuesta de la Administración de Hacienda, se trató de llegar al derribo del convento de la Candelaria con la excusa de que su mal estado de conservación obligaba a hacerlo para mantener la seguridad pública. Esta táctica ya se había iniciado poco antes de la promulgación de la Constitución, pues, como se ha indicado más arriba, el alcalde había solicitado el prelado a finales de junio autorización para que una comisión municipal practicase un minucioso reconocimiento en el interior del convento. La inspección obtuvo como resultado la confirmación de que el inmueble estaba ruinoso en más de su tercera parte y el resto se encontraba en muy mal estado de conservación, por lo que debía “ser desalojado en el más breve plazo posible con el fin de evitar las desgracias que pudieran ocurrir”. Sebastián Herrero, que acababa de sustutuir a Vicente Roa como gobernador eclesiástico, en nombre del obispo, mostró su desacuerdo y pidió un nuevo reconocimiento mediante un escrito que llegó al Cabildo Municipal el 1 de septiembre

El alcalde aceptó, enviando al obispo el 11 de septiembre de 1869 un nuevo dictamen del arquitecto municipal. El muro del costado sur del edificio, que daba frente a la calle Bilbao, hacía mucho tiempo que estaba en muy mal estado por falta de cimientos. En la parte que daba frente a las calles de la Candelaria y el Torno se habían insertado hacía mucho tiempo unos pilares de cantería en toda su altura, con los que se consiguió contener el muro hasta el 1864, año en el que se añadieron unos tirantes de hierro, operación que no logró detener los progresos del deterioro. Sobre los techos de dicho costado se informaba: “Hoy se halla deshabitado este departamento por temor sin duda a una catástrofe”. Al costado del Oeste, todas las habitaciones se encontraban “en malísimo estado”, como también los muros y techos. Las cubiertas de la iglesia y su torre se encontraban “en inminente estado de ruina y cortada la trabazón de los macizos en varias partes”. En resumen, se estimaba que el edificio se hallaba “ruinoso en más de su tercera parte” y que el resto de él se encontraba “en malísimo estado de conservación”, por lo que era necesario desalojar los locales en el más breve plazo posible, “con el fin de cortar las desgracias que pudieran ocurrir no adoptando una medida pronta y eficaz en este asunto”.


ESPACIO QUE OCUPABA LA CANDELARIA (TRAPECIO LIMITADO EN BLANCO)
COMPÁRESE CON EL HUERTO Y CONVENTO DE LOS DESCALZOS (ROJO Y AZUL)

Tras recibir el dictamen municipal, Sebastián Herrero remitió el 20 de septiembre un nuevo escrito al alcalde en el que no admitía la validez de la inspección  municipal ni estaba de acuerdo en que el convento estuviera en estado de ruina o necesitase ser desalojado. Guillén estaba tan convencido de llevar la razón que el 22 de septiembre de 1869 aceptó por escrito que el Obispado enviase un perito y se volviera a hacer un nuevo reconocimiento. La inspección no se llegó a efectuar y las dilaciones salvaron por el momento al convento de la Candelaria porque muy pronto la insurrección republicana de octubre iba a dar lugar a la disolución de la corporación dirigida por Guillén.

La Constitución trajo como consecuencia la radicalización de los republicanos, que en octubre de 1869 organizaron múltiples revueltas por diversos lugares. Enre ellos, Fermín Salvochea y José Paúl y Angulo se alzaron en la sierra de Cádiz. El levantamiento fue utilizado como excusa para acabar con el Ayuntamiento de Guillén y sustituirlo por otro provisional, dirigido por Juan Valverde, que pararía todas las medidas laicistas locales, y entre ellas la cuestión del derribo de Candelaria. Habría que esperar a un nuevo Municipio elegido popularmente y a la llegada de la República, para ver como La Candelaria caía por los suelos. 

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viernes, 20 de marzo de 2015

Semblanza del obispo Félix Mª de Arriete y Llano



La personalidad más destacada de la Iglesia de Cádiz durante el Sexenio Democrático fue sin duda su obispo, Félix María de Arriete y Llano. Había nacido en Cádiz el 15 de marzo de 1811, en la calle San Miguel número 8, no muy lejos de la catedral. El 20 de enero de 1828 ingresó como novicio en el convento de Capuchinos de Santa Catalina de Cádiz, profesando el 21 de enero del año siguiente. El 4 de abril de 1835 fue ordenado sacerdote por el obispo gaditano Domingo de Silos Moreno. Cuando se produjo poco después la exclaustración de religiosos, fray Félix continuó residiendo durante algún tiempo en la ciudad, alojándose en la casa de un prebendado de la catedral que era patrono del oratorio de la Santa Cueva, donde estuvo ejerciendo su ministerio sacerdotal. 

En 1839 viajó a Italia, pasando algún tiempo con los capuchinos de Lucca. De vuelta a Cádiz, residió en el Seminario Conciliar donde conoció a Vicente Roa, que en 1869 sería su secretario de cámara y gobernador eclesiástico. Volvió a ejercer en el oratorio de la Santa Cueva y también en la iglesia de Santiago, junto al Seminario, hasta 1850.

Ese año abandonó de nuevo Cádiz, pasando a Málaga donde conoció a Antonio María Claret cuando este marchaba hacia Cuba para hacerse cargo del arzobispado de Santiago. Tras regresar a España como confesor de la reina en 1857, Claret mostró gran interés en promover al capuchino para ocupar el puesto que él había dejado en Cuba. La negativa de fray Félix sirve para comprobar algunos de los rasgos más destacados de su carácter. Aunque en un principio aceptó el cargo porque se lo pidieron varios destacados capuchinos, finalmente renunció, justificando su postura en el clima de Cuba y la repercusión que tendría sobre su salud. Aunque era conocido que tenía ciertos “padecimientos del pecho”, el mismo Claret achacaba la renuncia más a su humildad que a su mala salud.

En 1862, por decreto de 6 de febrero, la reina Isabel le designó como obispo de Cádiz y el fraile opuso de nuevo toda la resistencia posible, esgrimiendo ante el nuncio Barilli su condición de gaditano y la circunstancia de tener un hermano en Cádiz cuya mala conducta era conocida, como razones que no aconsejaban su nombramiento. La reina mantuvo la designación y Arriete se vio obligado a aceptarla el 14 de abril de 1863. El 1 de mayo se dirigió al nuncio para comunicarle que no tenía dinero para comprarse la ropa propia de su nueva posición. El 1 de octubre de 1863 “el reverendo padre Félix María de Arriete, de la orden de Capuchinos, natural de Cádiz, predicador de su orden y misionero apostólico”, fue preconizado por el papa. El 6 de marzo de 1864 fue consagrado en la capilla del Palacio Real de Madrid, por expreso deseo de la reina, siendo apadrinado por el príncipe de Asturias, don Alfonso. El 15 de marzo de 1864 entró en Cádiz y el 16 ocupó la silla episcopal. 

Por lo que respecta a las circunstancias que rodearon su promoción a la silla episcopal, hay que tener en cuenta que el Concordato de 1851 establecía un turno riguroso entre la Corona y la Santa Sede en el nombramiento de arzobispos y obispos y fray Félix fue elegido por la Corona durante la etapa de predominio político de la Unión Liberal de Leopoldo O´Donnell. Su designación, fruto de la conciliación entre el liberalismo moderado isabelino y el papado de Pío IX sancionada por el Concordato, se produjo en torno a la definición profundamente antiliberal del Sillabus Errorum, y poco antes de la vuelta de Narváez (en septiembre de 1864)  al Gobierno y la campaña de los "neocatólicos" contra los profesores krausistas. La condición de predicador de fray Félix hace un tanto excepcional su promoción al episcopado. Desde 1857, año en que Claret llegó a España de regreso de Cuba, hasta la designación de fray Félix, fueron ocupadas treinta y siete sillas episcopales, cuestión en la que desempeñó un importante papel el confesor de la reina. De los prelados elegidos, bien por la Corona, bien por la Santa Sede, al menos dieciséis tenían la titulación de doctor (sobre todo en Teología o Cánones, pero también en Leyes o Filosofía), otros ocho eran licenciados y uno bachiller. Los doce prelados que no tenían una titulación oficial reconocida habían desempañado canonjías, habían sido rectores, vicerrectores o catedráticos de Seminarios, o habían ocupado el puesto de abades. Sin embargo, fray Félix llegó a la dignidad episcopal siendo tan solo un predicador de la orden de Capuchinos, sin distinguirse por una formación significativa o haber ejercido previamente algún cometido de importancia. 

La promoción de miembros del clero regular al episcopado fue muy poco frecuente durante la época isabelina. En todo caso, los escasos religiosos que llegaron a ocupar la prelatura lo hacían normalmente en sillas de Ultramar, donde era conveniente su aportación como misioneros. José María León y Domínguez, profesor del Seminario de Cádiz siendo fray Félix obispo, y canónigo de la catedral gaditana con posterioridad, afirmaba con razón que todo el pontificado del obispo gaditano se caracterizó por sus continuas visitas a los pueblos de la  Diócesis. Este celo pastoral le impediría estar presente en la capital de la Diócesis en los momentos más críticos del Sexenio Democrático, especialmente durante la etapa republicana federal. Pero esto no fue obstáculo para que expresara en todo momento su oposición a las disposiciones eclesiásticas de los Gobiernos del periodo, mediante reclamaciones escritas dirigidas a las Cortes, a los ministros de Gracia y Justicia o a los presidentes de los distintos Gabinetes, en las que se aprecia su punto de vista respecto a la política secularizadora revolucionaria. 

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REFERENCIAS:
  • JOSÉ CHAMIZO de la RUBIA, J., “Fray Félix María de Arriete y Llano, 1864-1879” Hispania Sacra, 97 y 98 (1996), pp. 329-82 y 443-88.
  • JOSÉ MANUEL CUENCA TORIBIO 
    • Sociología de una elite de poder de España e Hispanoamérica Contemporáneas. La jerarquía eclesiástica 1789-1965, Córdoba (Argentina), Ediciones Escudero, 1976, p. 182.
    • Sociología del episcopado español e hispanoamericano: (1789-1985), Madrid, Pegaso, 1986, pp. 514-521.
  • JOSÉ MARÍA LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M. Recuerdos gaditanos, Cádiz, Tipografía de Cabello y Lozón, 1897.

jueves, 19 de marzo de 2015

Los conventos de monjas de Cádiz en 1868

Los conventos de monjas de Cádiz no fueron exclaustrados en 1835, como lo fueron todos los de varones, ratificándose su continuidad tras la aplicación del artículo treinta del Concordato de 1851, que decía: 

“Para que haya también casas de mujeres, en las cuales puedan seguir su vocación las que sean llamadas a la vida contemplativa, y a la activa de asistencia de enfermos, enseñanza de niñas y otras obras y ocupaciones tan piadosas como útiles a los pueblos, se conservará el Instituto de las Hijas de la Caridad bajo la dirección de los clérigos de San Vicente de Paúl, procurando el Gobierno su fomento. También se conservarán las casas de religiosas que a la vida contemplativa reúnen la educación y enseñanza de niñas y otras obras de caridad. Respecto a las demás Órdenes, los prelados propondrán las casas de religiosas en que convenga la admisión y profesión de novicias, y los ejercicios de enseñanza y de caridad que sea conveniente establecer en ellas. No se procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure antes su subsistencia en la debida forma”.

Eran el de Nuestra Señora de la Piedad, de franciscanas concepcionistas descalzas, conocido popularmente como “Las Descalzas”, el de Santa María de la Concepción, de franciscanas concepcionistas calzadas, y el de Nuestra Señora de la Candelaria, de agustinas calzadas.
RÓTULO ACTUAL EN LA FACHADA DE LA PIEDAD

El primero, situado en la calle Montañés, fue fundado en 1642, junto con su iglesia, por el canónigo Jerónimo Fernández de Villanueva, con tres monjas procedentes del convento del Caballero de Gracia de Madrid. Desde 1846 tenía autorizada la estancia máxima de treinta y seis monjas, aunque en ese momento tenía cinco menos del cupo mencionado. 

El de Santa María de la Concepción podía tener un máximo de veinticuatro monjas dedicadas a enseñanza de alumnas internas, aunque en 1846 sólo contaba con diez. Situado en la calle de su nombre, fue el primer convento que tuvo Cádiz después de su conquista. Su fundación se produjo en 1527 por petición del Ayuntamiento, cediendo el Cabildo Eclesiástico la ermita de Santa María, que se encontraba en el arrabal del mismo nombre234. En 1596 fue destruido durante el asalto angloholandés a Cádiz, iniciándose su reconstrucción poco tiempo después. Su templo data de principios del siglo XVII, sufriendo una ampliación en 1616. El claustro fue levantado en 1631.

IGLESIA DEL CONVENTO DE SANTA MARÍA EN LA ACTUALIDAD

Por último, el monasterio de Nuestra Señora de la Candelaria se había establecido inicialmente en la ermita del Rosario con religiosas nacidas en Cádiz, a las que se agregaron dos agustinas procedentes de Jerez. Más tarde se trasladaron a su ubicación definitiva cuando, siendo obispo Antonio Zapata, compró tres casas junto a una ermita propiedad de moriscos, que había pasado disposición del Obispado tras su expulsión, decretada en 1609. En 1846 contaba con veintitrés monjas, siete menos de las autorizadas, y ya se encontraba en muy mal estado. Tras la revolución de 1868 se convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades locales republicanas, que terminaron por derribarlo en 1873.

PLAZA DE LA CANDELARIA, DONDE ESTUVO EL CONVENTO DEL MISMO NOMBRE


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miércoles, 18 de marzo de 2015

¿Fueron populares las medidas de Salvochea?

Como he citado en mi anterior intervención, Fermín Salvochea desarrolló en Cádiz, en un periodo muy corto de tiempo, una serie de medidas laicistas. Todas ellas quedarían derogadas a principios de agosto de 1873 con la caída del Cantón de Cádiz en manos de las fuerzas del Ejército, comandadas por el general gaditano Manuel Pavía y RodrÍguez de Alburquerque, en aquellos momentos capitán general de Andalucía. 

EL GENERAL PAVÍA

La pregunta que me planteo ahora es si las medidas de Salvochea respondían a una demanda social, más o menos extendida, o si fueron impuestas sobre una población poco dispuesta a aceptarlas.


Me parece oportuno repetir aquí las medidas a las que me estoy refiriendo:

Entre marzo y julio de 1873, desde el Ayuntamiento: 
  • Derribo del convento de monjas e iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria.
  • Aprobación de un nuevo Reglamento de Beneficencia Municipal que eliminaba las Juntas Parroquiales y prescindía de los miembros del clero.
  • Secularización del cementerio municipal
  • Eliminación de todos los símbolos religiosos de las calles, incluyendo nombres de santos o relativos a cosas religiosas.
  • Apropiación de los templos de los conventos desamortizados de La Merced, Santa Catalina y San Francisco, así como de sus obras artísticas.
  • Intento de vender la Custodia del Corpus Christi.
En julio, como presidente del Comité de Salud Pública del Cantón de Cádiz:
  • Extensión de la secularización de cementerios a toda la provincia.
  • Prohibición de todo culto externo.
  • Apropiación de todas las iglesias menos las parroquias, así como de los dos conventos de monjas que quedaban abiertos en Cádiz, 
  • Desalojo del Seminario Conciliar de San Bartolomé. 
El análisis de la participación en manifestaciones públicas favorables o contrarias a los hechos puede dar una idea aproximada del grado de secularización de los ciudadanos y serviría para para establecer hasta qué punto la política laicista de Salvochea fue consecuencia del estado de alejamiento de algunas capas de la sociedad de los comportamientos religiosos o si más bien se trataba de imponer esos comportamientos por medio de normas legales que no reflejaban la situación real, sino que trataban de forzarla en la dirección deseada. 

En Cádiz, el voto favorable al Partido Republicano, tanto en las elecciones municipales de enero de 1869 como en las de marzo y marzo y julio de 1873, no debe interpretarse como una muestra del alejamiento del catolicismo de los gaditanos. N
o parece que la mayoría de los votantes del Partido Republicano en las elecciones municipales de 1869 y 1873 pueda definirse como anticatólica o antirreligiosa. De hecho, la gran caída en la participación electoral en las elecciones municipales de julio de 1873 (menos del veintidós por ciento del electorado) sugiere la desafección hacia las medidas laicistas de Salvochea de un parte importante de los republicanos que le habían votado en marzo del mismo año. Hay que admitir, por otra parte, que la mujer, excluida aún del derecho al voto, debía tener, como poco, la misma orientación católica que la mayoría de los varones. 

Las manifestaciones directas, tanto a favor como en contra, de las medidas laicistas de Salvochea contaron con un número muy reducido de ciudadanos. Resulta curioso constatar que a pesar de la nula participación política de la mujer y el escaso reconocimiento de sus actividades sociales fuesen dos asociaciones femeninas, la Asociación de Hijas de la Inmaculada Concepción y la Junta de Damas las que se mostraran particularmente activas con motivo del derribo del convento de monjas de Nuestra Señora de la Candelaria en 1873. Ambas instituciones no dudaron en movilizarse, manifestándose en las calles a favor de la religión católica y la conservación de los conventos de monjas, tratando de convencer a las cigarreras de la Fábrica de Tabacos para que las secundasen y entrevistándose con el alcalde Salvochea para tratar, infructuosamente,  de disuadirle de su intención.


CIGARRERAS DE CÁDIZ


Aunque la participación de la mujer en actividades políticas o sociales en igualdad de condiciones con el hombre tampoco fue una cuestión que se llegaran a plantear los republicanos por el momento, Cádiz contaba por entonces con una asociación republicana exclusivamente femenina, la Sociedad Republicana Federal de Mariana Pineda. Dicha asociación, como club republicano femenino, ya existía al menos desde septiembre de 1869. Pero fue el 18 de diciembre de 1870 cuando se constituyó oficialmente y el gobernador civil lo comunicó a la Alcaldía. Estaba presidida por la costurera y maestra Guillermina Rojas y Orgis y la secretaria era Dolores López, que había organizado previamente,  junto a otras gaditanas, una escuela femenina que le sirvió de base para la fundación de la asociación. Después del traslado de Rojas a Madrid, la presidenta de la asociación fue la cigarrera y periodista Margarita Pérez de Celis. 

Esta asociación fue la única que se manifestó en las calles de Cádiz en 1873 pidiendo que Salvochea expulsara no solo a las monjas de La Candelaria, sino a todas las de Cádiz. 
MARGARITA PÉREZ DE CELIS

Pero ambas manifestaciones no pasaron en ningún caso de unas doscientas personas, todas ellas mujeres, y no constituyeron ninguna alteración del orden público. Los hombres de la ciudad, se limitaron a leer en la prensa favorable o contraria a las medidas laicistas de Salvochea las noticias y las opiniones de los redactores, pero no actuaron en ningún sentido, salvo en la ya referida y muy notoria bajada de votantes republicanos en las elecciones municipales de julio, ganadas por las republicanos por la completa abstención de los opositores.

Todo apunta a la conclusión de que los acontecimientos contaron en general con una masa muy reducida de individuos favorables o contrarios y con una "masa neutra" muy elevada de personas indiferentes ante los hechos o atemorizadas ante la situación.

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