VISTA AÉREA DE LA PLAZA DE LA CANDELARIA,
LUGAR QUE OCUPABA EL CONVENTO DEL MISMO NOMBRE
El monasterio de Nuestra Señora de la Candelaria, de monjas agustinas calzadas, se estableció inicialmente en la ermita del Rosario con religiosas nacidas en Cádiz, a las que se agregaron dos agustinas procedentes de Jerez. Más tarde se trasladaron a su ubicación definitiva cuando, siendo obispo Antonio Zapata, compró tres casas junto a una ermita propiedad de moriscos, que había pasado a disposición del Obispado tras su expulsión, decretada en 1609. En 1846 contaba con veintitrés monjas, siete menos de las autorizadas, y ya se encontraba en muy mal estado de conservación. Tras la revolución de 1868 se convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades locales republicanas, que terminaron por derribarlo en 1873.
Entre enero y octubre de 1869, el primer Ayuntamiento gaditano elegido por sufragio universal masculino, el dirigido por el republicano Rafael Guillén Estévez, comenzó a hacer gestiones para conseguir la cesión de alguno de los tres conventos de monjas que había en Cádiz. El decreto de 18 octubre de 1868 contemplaba la exclaustración e incautación de la mitad de los existentes, por provincias.
La orden de Sagasta de 20 de noviembre, inserta en la Gaceta de Madrid de 18 de noviembre de 1868 y la circular del gobernador civil de Cádiz, publicadas el 28 del mismo mes en el Boletín Oficial de la Provincia, pidiendo a los Ayuntamientos que informasen a los gobernadores de provincia de los conventos que consideraban conveniente exclaustrar, no se habían ejecutado hasta el momento. No habiendo un plazo límite para hacerlo, todo parecía indicar que ahora la petición podía ser atendida sin dificultad.
Pero las gestiones iniciales, decididas por Guillén el 16 de febrero de 1869, no tuvieron en cuenta dichas disposiciones y no se dirigieron al gobernador de provincia sino directamente al Gobierno. Este no envió ninguna respuesta y a finales de abril el Municipio reactivó las gestiones para lograr la cesión de alguno de los conventos de monjas, dirigiendo ahora la petición al gobernador civil, como tendría que haberse hecho desde el principio.
Basándose en la necesidad de locales para las escuelas públicas, el Municipio se refería implícitamente a La Candelaria cuando decía en la petición al gobernador: “Algunos de los edificios eclesiásticos sujetos al decreto de incautación de los bienes del clero del 18 de octubre son muy a propósito para este fin”. Tuvo lugar una reunión entre representantes del Ayuntamiento y el gobernador civil en la que este comunicó que no podía acceder a la entrega de ningún convento de monjas porque aún no se había procedido a la incautación acordada por decreto de 18 de octubre del año anterior.
La contestación del gobernador era una excusa, porque la condición para que se produjera la incautación era precisamente que los Municipios le informasen de sus necesidades y eso era lo que estaba haciendo el de Guillén. Ante la negativa, el Cabildo Municipal se limitó a pedir al gobernador que una vez obtenida la propiedad de estos bienes, fuesen entregados al Municipio. Pero ninguno de los sucesivos Gobiernos del Sexenio Democrático hizo gestión alguna para cumplir lo contemplado en el decreto de 18 octubre de 1868, en lo que respecta a los conventos de monjas de Cádiz..
La orden de Sagasta de 20 de noviembre, inserta en la Gaceta de Madrid de 18 de noviembre de 1868 y la circular del gobernador civil de Cádiz, publicadas el 28 del mismo mes en el Boletín Oficial de la Provincia, pidiendo a los Ayuntamientos que informasen a los gobernadores de provincia de los conventos que consideraban conveniente exclaustrar, no se habían ejecutado hasta el momento. No habiendo un plazo límite para hacerlo, todo parecía indicar que ahora la petición podía ser atendida sin dificultad.
Pero las gestiones iniciales, decididas por Guillén el 16 de febrero de 1869, no tuvieron en cuenta dichas disposiciones y no se dirigieron al gobernador de provincia sino directamente al Gobierno. Este no envió ninguna respuesta y a finales de abril el Municipio reactivó las gestiones para lograr la cesión de alguno de los conventos de monjas, dirigiendo ahora la petición al gobernador civil, como tendría que haberse hecho desde el principio.
Basándose en la necesidad de locales para las escuelas públicas, el Municipio se refería implícitamente a La Candelaria cuando decía en la petición al gobernador: “Algunos de los edificios eclesiásticos sujetos al decreto de incautación de los bienes del clero del 18 de octubre son muy a propósito para este fin”. Tuvo lugar una reunión entre representantes del Ayuntamiento y el gobernador civil en la que este comunicó que no podía acceder a la entrega de ningún convento de monjas porque aún no se había procedido a la incautación acordada por decreto de 18 de octubre del año anterior.
La contestación del gobernador era una excusa, porque la condición para que se produjera la incautación era precisamente que los Municipios le informasen de sus necesidades y eso era lo que estaba haciendo el de Guillén. Ante la negativa, el Cabildo Municipal se limitó a pedir al gobernador que una vez obtenida la propiedad de estos bienes, fuesen entregados al Municipio. Pero ninguno de los sucesivos Gobiernos del Sexenio Democrático hizo gestión alguna para cumplir lo contemplado en el decreto de 18 octubre de 1868, en lo que respecta a los conventos de monjas de Cádiz..
En junio de 1869 el Ayuntamiento de Rafael Guillén seguía realizando gestiones para conseguir el edificio de La Candelaria. Pero por otra vía: en vista de que la exclaustración de monjas no se realizaba, la Comisión Municipal de Obras Publicas propuso que se pidiera autorización al obispo (fray Félix) para que se practicase un minucioso reconocimiento del convento de Nuestra Señora de la Candelaria, atendiendo al estado ruinoso en que se encontraba, a juicio de la Comisión. El mal estado del edificio era conocido desde mucho tiempo atrás y podía justificar su derribo, en caso de que no hubiese reparación posible, para atender tanto a la seguridad personal de los transeúntes que pasaban por sus inmediaciones como a la de las monjas que residían en su interior.
Antes de estas gestiones, en marzo de 1869, el arquitecto municipal había inspeccionado otro convento de monjas, el de concepcionistas calzadas de Santa María, pero se comprobó que su estado de conservación era bueno. Además, parece que en ese reconocimiento no hubo intención semejante a la que movió a hacerlo con el de la Candelaria, pues el alcalde Guillén había comunicado al obispo que las razones de la inspección eran practicar un reconocimiento necesario para poder resolver la solicitud de un ciudadano, que reclamaba la apertura de varios huecos en una finca contigua al referido convento, que se le mandaron cerrar por el anterior Municipio.
Tras la promulgación de la Constitución de 1869, que sancionaba ola Monarquía, los republicanos de Guillén se mostraron más activos en sus intentos de apropiarse de La Candelaria. El 6 de julio de 1869 se solicitó formalmente a la Administración de Hacienda Pública la entrega de los conventos de monjas de la Candelaria y las Descalzas, “de que deberá haberse incautado en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno provisional en lo relativo a supresión de comunidades religiosas”. Pero ni el Gobierno se había incautado los conventos de monjas de Cádiz ni había mostrado desde el principio de la revolución intención de hacerlo.
Al no obtenerse respuesta de la Administración de Hacienda, se trató de llegar al derribo del convento de la Candelaria con la excusa de que su mal estado de conservación obligaba a hacerlo para mantener la seguridad pública. Esta táctica ya se había iniciado poco antes de la promulgación de la Constitución, pues, como se ha indicado más arriba, el alcalde había solicitado el prelado a finales de junio autorización para que una comisión municipal practicase un minucioso reconocimiento en el interior del convento. La inspección obtuvo como resultado la confirmación de que el inmueble estaba ruinoso en más de su tercera parte y el resto se encontraba en muy mal estado de conservación, por lo que debía “ser desalojado en el más breve plazo posible con el fin de evitar las desgracias que pudieran ocurrir”. Sebastián Herrero, que acababa de sustutuir a Vicente Roa como gobernador eclesiástico, en nombre del obispo, mostró su desacuerdo y pidió un nuevo reconocimiento mediante un escrito que llegó al Cabildo Municipal el 1 de septiembre
El alcalde aceptó, enviando al obispo el 11 de septiembre de 1869 un nuevo dictamen del arquitecto municipal. El muro del costado sur del edificio, que daba frente a la calle Bilbao, hacía mucho tiempo que estaba en muy mal estado por falta de cimientos. En la parte que daba frente a las calles de la Candelaria y el Torno se habían insertado hacía mucho tiempo unos pilares de cantería en toda su altura, con los que se consiguió contener el muro hasta el 1864, año en el que se añadieron unos tirantes de hierro, operación que no logró detener los progresos del deterioro. Sobre los techos de dicho costado se informaba: “Hoy se halla deshabitado este departamento por temor sin duda a una catástrofe”. Al costado del Oeste, todas las habitaciones se encontraban “en malísimo estado”, como también los muros y techos. Las cubiertas de la iglesia y su torre se encontraban “en inminente estado de ruina y cortada la trabazón de los macizos en varias partes”. En resumen, se estimaba que el edificio se hallaba “ruinoso en más de su tercera parte” y que el resto de él se encontraba “en malísimo estado de conservación”, por lo que era necesario desalojar los locales en el más breve plazo posible, “con el fin de cortar las desgracias que pudieran ocurrir no adoptando una medida pronta y eficaz en este asunto”.
Tras recibir el dictamen municipal, Sebastián Herrero remitió el 20 de septiembre un nuevo escrito al alcalde en el que no admitía la validez de la inspección municipal ni estaba de acuerdo en que el convento estuviera en estado de ruina o necesitase ser desalojado. Guillén estaba tan convencido de llevar la razón que el 22 de septiembre de 1869 aceptó por escrito que el Obispado enviase un perito y se volviera a hacer un nuevo reconocimiento. La inspección no se llegó a efectuar y las dilaciones salvaron por el momento al convento de la Candelaria porque muy pronto la insurrección republicana de octubre iba a dar lugar a la disolución de la corporación dirigida por Guillén.
La Constitución trajo como consecuencia la radicalización de los republicanos, que en octubre de 1869 organizaron múltiples revueltas por diversos lugares. Enre ellos, Fermín Salvochea y José Paúl y Angulo se alzaron en la sierra de Cádiz. El levantamiento fue utilizado como excusa para acabar con el Ayuntamiento de Guillén y sustituirlo por otro provisional, dirigido por Juan Valverde, que pararía todas las medidas laicistas locales, y entre ellas la cuestión del derribo de Candelaria. Habría que esperar a un nuevo Municipio elegido popularmente y a la llegada de la República, para ver como La Candelaria caía por los suelos.
MÁS INFORMACIÓN EN:relinks.me/B00HLM34VM
Antes de estas gestiones, en marzo de 1869, el arquitecto municipal había inspeccionado otro convento de monjas, el de concepcionistas calzadas de Santa María, pero se comprobó que su estado de conservación era bueno. Además, parece que en ese reconocimiento no hubo intención semejante a la que movió a hacerlo con el de la Candelaria, pues el alcalde Guillén había comunicado al obispo que las razones de la inspección eran practicar un reconocimiento necesario para poder resolver la solicitud de un ciudadano, que reclamaba la apertura de varios huecos en una finca contigua al referido convento, que se le mandaron cerrar por el anterior Municipio.
Tras la promulgación de la Constitución de 1869, que sancionaba ola Monarquía, los republicanos de Guillén se mostraron más activos en sus intentos de apropiarse de La Candelaria. El 6 de julio de 1869 se solicitó formalmente a la Administración de Hacienda Pública la entrega de los conventos de monjas de la Candelaria y las Descalzas, “de que deberá haberse incautado en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno provisional en lo relativo a supresión de comunidades religiosas”. Pero ni el Gobierno se había incautado los conventos de monjas de Cádiz ni había mostrado desde el principio de la revolución intención de hacerlo.
Al no obtenerse respuesta de la Administración de Hacienda, se trató de llegar al derribo del convento de la Candelaria con la excusa de que su mal estado de conservación obligaba a hacerlo para mantener la seguridad pública. Esta táctica ya se había iniciado poco antes de la promulgación de la Constitución, pues, como se ha indicado más arriba, el alcalde había solicitado el prelado a finales de junio autorización para que una comisión municipal practicase un minucioso reconocimiento en el interior del convento. La inspección obtuvo como resultado la confirmación de que el inmueble estaba ruinoso en más de su tercera parte y el resto se encontraba en muy mal estado de conservación, por lo que debía “ser desalojado en el más breve plazo posible con el fin de evitar las desgracias que pudieran ocurrir”. Sebastián Herrero, que acababa de sustutuir a Vicente Roa como gobernador eclesiástico, en nombre del obispo, mostró su desacuerdo y pidió un nuevo reconocimiento mediante un escrito que llegó al Cabildo Municipal el 1 de septiembre
El alcalde aceptó, enviando al obispo el 11 de septiembre de 1869 un nuevo dictamen del arquitecto municipal. El muro del costado sur del edificio, que daba frente a la calle Bilbao, hacía mucho tiempo que estaba en muy mal estado por falta de cimientos. En la parte que daba frente a las calles de la Candelaria y el Torno se habían insertado hacía mucho tiempo unos pilares de cantería en toda su altura, con los que se consiguió contener el muro hasta el 1864, año en el que se añadieron unos tirantes de hierro, operación que no logró detener los progresos del deterioro. Sobre los techos de dicho costado se informaba: “Hoy se halla deshabitado este departamento por temor sin duda a una catástrofe”. Al costado del Oeste, todas las habitaciones se encontraban “en malísimo estado”, como también los muros y techos. Las cubiertas de la iglesia y su torre se encontraban “en inminente estado de ruina y cortada la trabazón de los macizos en varias partes”. En resumen, se estimaba que el edificio se hallaba “ruinoso en más de su tercera parte” y que el resto de él se encontraba “en malísimo estado de conservación”, por lo que era necesario desalojar los locales en el más breve plazo posible, “con el fin de cortar las desgracias que pudieran ocurrir no adoptando una medida pronta y eficaz en este asunto”.
ESPACIO QUE OCUPABA LA CANDELARIA (TRAPECIO LIMITADO EN BLANCO)
COMPÁRESE CON EL HUERTO Y CONVENTO DE LOS DESCALZOS (ROJO Y AZUL)
Tras recibir el dictamen municipal, Sebastián Herrero remitió el 20 de septiembre un nuevo escrito al alcalde en el que no admitía la validez de la inspección municipal ni estaba de acuerdo en que el convento estuviera en estado de ruina o necesitase ser desalojado. Guillén estaba tan convencido de llevar la razón que el 22 de septiembre de 1869 aceptó por escrito que el Obispado enviase un perito y se volviera a hacer un nuevo reconocimiento. La inspección no se llegó a efectuar y las dilaciones salvaron por el momento al convento de la Candelaria porque muy pronto la insurrección republicana de octubre iba a dar lugar a la disolución de la corporación dirigida por Guillén.
La Constitución trajo como consecuencia la radicalización de los republicanos, que en octubre de 1869 organizaron múltiples revueltas por diversos lugares. Enre ellos, Fermín Salvochea y José Paúl y Angulo se alzaron en la sierra de Cádiz. El levantamiento fue utilizado como excusa para acabar con el Ayuntamiento de Guillén y sustituirlo por otro provisional, dirigido por Juan Valverde, que pararía todas las medidas laicistas locales, y entre ellas la cuestión del derribo de Candelaria. Habría que esperar a un nuevo Municipio elegido popularmente y a la llegada de la República, para ver como La Candelaria caía por los suelos.
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