lunes, 22 de junio de 2015

El clero de Cádiz ante la Constitución de 1869

La Constitución de 1869 resultó ser más moderada con respecto a la Iglesia de lo que parecía anunciar la normativa secularizadora que había desplegado previamente el Gobierno Provisional. El artículo veintiuno protegía el ejercicio público y privado de cualquier culto que no se opusiera a las reglas universales de la moral y del derecho; pero la Nación se obligaba a mantener exclusivamente el culto y los ministros de la religión católica. 


Una de las consecuencias inmediatas de la proclamación de la Constitución fue el proyecto de ley de reforma del Concordato de 28 de junio de 1869. El proyecto, que nunca llegó a aprobarse durante el Sexenio Democrático,  pretendía conseguir que la Santa Sede aceptase la Constitución y con ella los artículos que conculcaban el Concordato de 1851, lo cual presuponía admitir las libertades de expresión, reunión, asociación, petición, cultos y enseñanza. Además, el proyecto trataba de reducir el número de Diócesis poniéndolas en concordancia con la división civil, las canonjías de oficio que no se considerasen necesarias, así como el número de seminarios y su dotación económica[1]

La Santa Sede no podía aceptar una reforma del Concordato que obligaba a admitir una norma constitucional en la que se aprobaban principios que había reprobado rotundamente Pío IX en 1864 en la encíclica Quanta Cura y su anexo el Sillabus Errorum, como el liberalismo, la libertad de cultos y la de opinión. La inmensa mayoría de los prelados y del resto del clero español, en completa sintonía con la Santa Sede, no se iba a mostrar dispuesta a aceptar la Constitución. Su promulgación iba a suponer un punto de inflexión a partir del cual el conflicto entre el Estado y la Iglesia católica iniciado en septiembre de 1868 se iba a hacer más difícil y complicado.
PÍO NONO: LA ENCÍCLICA QUANTA CURA Y EL SYLLABUS ERRORUM

Los Gobiernos de la regencia, en espera de la elección y proclamación de un nuevo rey, se empeñaron en imponer la adhesión del clero a la Constitución al mismo tiempo que iban aprobando una serie de leyes de desarrollo de la misma que hacían aumentar la resistencia eclesiástica al régimen de manera significativa. Por otro lado, una política presupuestaria restrictiva, que tenía como origen las graves dificultades económicas nacionales, trataba de buscar alivio disminuyendo la asignación correspondiente al clero, con la consiguiente oposición de este. La prensa liberal más anticlerical se encargó de generalizar (injustamente) la idea de que la Iglesia no debía recibir las prestaciones económicas aprobadas por la constitución porque prácticamente todo el clero estaba apoyando con ese dinero a los carlistas. 
CARICATURA DE LA FLACA
SOBRE EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO AL CLERO

La primera reacción de la autoridad eclesiástica gaditana ante la promulgación de la Constitución fue evitar cualquier gesto que se pudiera interpretar como de aceptación o condescendencia hacia la misma. El obispo se encontraba fuera de la capital cuando se celebró el acto de proclamación, en una visita pastoral que había iniciado el 9 de abril. El gobernador eclesiástico, Vicente Roa, ni siquiera contestó al escrito del Gobierno de Provincia, recibido el 5 de junio, invitándole a participar en los actos que se iban a efectuar a las dos y media del día siguiente en la plaza de San Antonio[2]. El Cabildo Eclesiástico recibió la invitación el mismo día 6 de junio a las diez y media de la mañana. Aunque llegaba un poco tarde, había tiempo suficiente para asistir, pero no hubo acuerdo ni contestación, limitándose la institución a dar por recibido el oficio[3].

PLAZA DE SAN ANTONIO,
DONDE SE PROCLAMÓ LA CONSTITUCIÓN DE 1869 

       El gobernador militar de Cádiz publicó en la Orden de la Plaza del día 5 de junio la designación de comisiones para asistir al acto y dispuso la formación de una Compañía de ochenta hombres por cada uno de los dos Batallones que había en aquellos momentos de guarnición en Cádiz. El acto consistió en la lectura de la Constitución y un desfile de la fuerza militar delante de las autoridades que lo presidían[4]. Los católicos gaditanos opuestos a la revolución dejaron constancia en su prensa de que la ceremonia había contado con muy poco público, lo que interpretaban como muestra inequívoca de la indiferencia de los gaditanos por la nueva Constitución. Habían asistido todos los funcionarios públicos, civiles y militares, y representaciones de algunos pueblos de la provincia, pero tan solo un eclesiástico, el párroco castrense, sin duda porque estaba obligado por su condición de militar[5].




[1]  Publicado en El Comercio, número 9178, 2 de julio de 1869.
[2]  Archivo Diocesano de Cádiz, legajo número  157.
[3]  Archivo Catedralicio de Cádiz, Actas del Cabildo Catedral, libro 69, 6 de junio de 1869, página 234.
[4]  El Comercio, número 9152, 6 de junio de 1969.
[5]  Ibídem, número 9154, 8 de junio de 1869. 

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miércoles, 17 de junio de 2015

José Mª León y sus "recuerdos gaditanos"

JOSÉ MARÍA LEÓN Y DOMÍNGUEZ

José María León y Domínguez nació en Cádiz el 28 de julio de 1838. Estudió en el seminario conciliar gaditano de San Bartolomé, situado en la planta alta del edificio que había sido convento de los jesuitas de Cádiz hasta su expulsión en 1767. Este inmueble pasó a ser de propiedad municipal después de la desamortización, estando dedicado a escuelas públicas; pero la última planta estaba cedida por entonces provisionalmente al obispado para ubicar el seminario. Posteriormente fue catedrático del mismo seminario, dando clases de Humanidades, Filosofía, Teología, Literatura, Retórica y Poética.


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EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA EL SEMINARIO, CON LA IGLESIA DE SANTIAGO
A LA IZQUIERDA, PARTE DE LA FACHADA DE LA CATEDRAL

Su obra Recuerdos Gaditanos, (Cádiz, Tipografía de Cabello y Lozón, 1897)  resulta de gran importancia porque relata acontecimientos de Cádiz que él mismo vivió en primera persona. Sus relatos sobre hechos protagonizados por los obispos gaditanos de la segunda mitad del siglo XIX, y entre ellos los dedicados a fray Félix María de Arriete y Llano, el obispo que ocupó la silla durante el Sexenio Democrático, resultan de gran importancia porque, con todo lo que tienen de apologéticos y laudatorios, con la intención de ensalzar a los católicos (seglares y eclesiásticos) que se habían distinguido en su oposición a los intentos secularizadores en Cádiz, muestran aspectos personales y datos biográficos que no aparecen en documentos oficiales. 

El padre León encabezó, junto con el presbítero Francisco de Asís Medina, una expedición de gaditanos que participaron en una peregrinación española a Roma en octubre de 1876. El obispo fray Félix se excusó en su habitual mala salud para no viajar al frente de la expedición, administrando la comunión a los peregrinos antes de su salida. Los peregrinos  visitaron previamente El PiIar, Lourdes, Padua, Asís y Loreto. Una vez en Roma. el papa Pío IX recibió de los gaditanos, como presente, un crucifijo de marfil (que se encuentra representado en la imagen de León que inicia esta intervención) y un libro con poesías de varios autores católicos. 

Entre estos autores  estaban el gaditano Adolfo de Castro, del que he hablado al  tratar sobre el derribo del convento de los Descalzos; el jerezano Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros, que había sido arcipreste de Cádiz hasta 1875 (y a partir de ese año obispo de Cuenca, Vitoria, Oviedo, Córdoba y por último, entre 1898 y 1903, arzobispo de Valencia y cardenal),  y el mismo José María León y Domínguez. 


Al año siguiente de dimitir fray Félix, en 1880, el nuevo obispo de Cádiz, Jaume Catalá i Albosa, nombró al padre León beneficiado de la catedral gaditana. 


EL OBISPO CATALÁ, SUCESOR DE FRAY FÉLIX 

En 1887, un nuevo obispo, el gaditano Vicente Calvo Valero (compañero de Francisco de Lara -El "Padre Cayetano"-, Fernando Hüe y Sebastián Herrero en el Cabildo Catedral de Cádiz) lo designó canónigo de la catedral. gaditana.
EL OBISPO VICENTE CALVO


León fue miembro de la Academia de Buenas Letras de Sevilla y de la Real Acadenia Española de la Lengua. Falleció el 11 de abril de 1906.

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viernes, 12 de junio de 2015

Fray Félix no entregó los archivos en 1869

El decreto de incautación de archivos eclesiasticos de 1 de enero de 1869, firmado por Ruiz Zorrilla como ministro de Fomento, dio lugar a la primera reacción explíciita del obispo de Cádiz y de la prensa católica confesional de la ciudad contra las disposiciones laicistas del Gobierno Provisional. 


Ruiz Zorrilla trató de llevar a efecto el decreto con un sigilo especial con el fin de evitar que el episcopado español tuviese noticias previas a su publicación y ocultase los objetos de mayor valor. A pesar de la fecha indicada, que era la que constaba oficialmente en la Gaceta de Madrid, el decreto no se publicó hasta el día 26 del mismo mes. Pero el ministro había dado instrucciones a todos los gobernadores civiles para que procedieran a la incautación el día 25 de enero, es decir un día antes de la publicación del decreto. Ese día tuvo lugar el asesinato del gobernador civil de Burgos por un grupo de fanáticos conservadores cuando se prestaba a incautarse del archivo y obras de arte de la catedral.  
EL GOBERNADOR CIVIL DE BURGOS, 
ASESINADO EL 25 DE ENERO DE 1869

El crimen dio pie a la prensa conservadora de Cádiz para criticar duramente el decreto. El periódico gaditano El Comercio, muy moderado hasta estos momentos en sus críticas contra las disposiciones del Gobierno Provisional, se quejaba del “secreto inquisitorial” con que se habían adoptado las disposiciones sobre el decreto y evaluaba muy negativamente el empeño mostrado en que la incautación se ejecutase simultáneamente en todas las Diócesis y evitando que se tuviese conocimiento previo de lo que iba a suceder. El periódico trasladaba parte de la responsabilidad del asesinato del gobernador de Burgos a Ruiz Zorrilla cuando afirmaba: “Líbrenos Dios de disculpar atentados como los que se han cometido en Burgos, pero hay que convenir que no poca responsabilidad alcanza al Gobierno en lo que allí acaba de ocurrir”. 

El periódico aprovechó la ocasión para hacer una crítica general a la política que se venía siguiendo desde el inicio de la revolución, que no podía producir, a su entender, “otro resultado que dividir, desorganizar, empequeñecer y anular por completo los elementos que han formado en España el núcleo de los antiguos partidos medios”. La política, según vislumbraba El Comercio, se iba decantando hacia los extremos y la previsión era que los seguidores de la democracia por un lado y los carlistas por otro terminaran enfrentándose, sin que hubiese una fuerza intermedia que pudiera contenerlos, reprimiendo las exageraciones propias de todos los fanatismos. Las masas estaban muy irritadas y la exasperación podía conducirlos “a grandes excesos y a crímenes altamente vituperables”[1].
NÚMERO DE EL COMERCIO CON EL ARTÍCULO SOBRE EL ASESINATO DEL GOBERNADOR CIVIL DE BURGOS

La prensa republicana local gaditana más intransigente hacía una interpretación diametralmente opuesta a la de los católicos conservadores. Tachaba de ladrones a los supuestos instigadores del suceso, afirmando que el año anterior habían desaparecido de la catedral de Burgos una alhaja de gran valor y un cuadro que representaba a la Magdalena que había estado situado en la capilla del Condestable. Temiendo los autores que se descubriera la sustracción cuando el gobernador procediese a incautarse de los objetos de arte, habían contribuido “no poco al desagradable suceso”[2]

La realidad diaria en Cádiz estaba muy lejos de las afirmaciones de los católicos conservadores. Los republicanos de Rafael Guillén Estévez, que acababan de hacerse cargo de los asuntos locales, iban a mostrar una moderación muy alejada de los extremos a los que se referían los conservadores. El decreto no dio lugar a ningún enfrentamiento entre autoridades y mucho menos entre ciudadanos. 

El gobernador civil de Cádiz, Ignacio Rojo Arias, se presentó el día 25 de enero en el palacio episcopal, siguiendo las instrucciones de Ruiz Zorrilla,  y comenzó a leer el decreto al obispo. Fray Félix le interrumpió replicándole que no estaba dispuesto a oír las mentiras que a su juicio se vertían en el preámbulo. El obispo se negó a permitirle practicar la incautación y el gobernador le rogó que al menos se le permitiese ver la biblioteca del palacio. Fray Félix le indicó que podía volver a visitarle cuando quisiera a título particular y entonces le enseñaría lo que deseara, pero que en aquellos momentos, viniendo para dar cumplimiento a un decreto que no pensaba acatar, no podía acceder. Solo le permitió que visitase la catedral acompañado por el deán Antonio Ramón de Vargas. El gobernador no practicó la incautación ni volvió a visitar a fray Félix[3].

          Como he comentado en otra intervención, el nuncio Franchi había sabido por un miembro del Gobierno que se iba a proceder a la incautación de los archivos ese día y había puesto sobre aviso a todos los prelados, con suficiente antelación para que pudieran esconder todo lo sujeto al decreto. Por tanto, fray Félix, podía haberse limitado a retirar todos los libros y documentos del archivo de la catedral y permitir al gobernador que comprobase que no había nada de qué apropiarse. Pero quiso dejar bien claro que se oponía a cumplir el decreto y por eso le negó la visita.
FRAY FÉLIX

Pocos días después de haber intentado cumplir el decreto, el 4 de febrero de 1869, el Cabildo Catedral supo que Rojo Arias había solicitado al obispo gaditano la celebración en la catedral de unas honras fúnebres por el gobernador de Burgos. Fray Félix había accedido y el Cabildo Catedral secundó su decisión, puntualizando que la ceremonia religiosa honraría al fallecido con la misma solemnidad que a los capitulares difuntos[4].

El obispo envió el 9 de febrero un escrito a Francisco Serrano, como presidente del Gobierno provisional quejándose del decreto[5]. Sería la primera protesta escrita del obispo gaditano a las medidas legislativas que perjudicaban de alguna forma a la Iglesia.







[1]  El Comercio, número 9024, 29 de enero de 1869.
[2]  La República Federal, número 54, 3 de febrero de 1869.
[3]  LEÓN y DOMÍNGUEZ, J. M., Recuerdos gaditanos, Cádiz, Tipografía de Cabello y Lozón, 1897, páginas. 199-200.
[4]  Archivo de la Catedral de Cádiz, Actas del Cabildo, libro 69,  4 de febrero de 1869, páginas 199-200.
[5]  Archivo de la Catedral de Cádiz, Actas del Cabildo, libro 69, 17 de febrero de 1869, página 206. La protesta fue reflejada íntegramente en El Comercio, número 9045, 19 de febrero de 1869.

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martes, 2 de junio de 2015

La libertad religiosa y las Cortes de 1869


NOTA PREVIA: Estimado y paciente lector: Soy consciente de que este post es extenso y denso, extremos ambos que reconozco como poco recomendables si pretendo que lo leas hasta el final. Espero, al menos, que lo hagas por partes o recogiendo solo lo que te interese, y, sobre todo, que ayude a entender cómo se fraguó en España, por primera vez, la aprobación constitucional de la libertad de cultos, cuestión  que ha sido uno de los principales motivos de disputa entre confesionales y librecultistas, o clericales y anticlericales.  Dicho esto, aquí comienzo.  

Desde la inauguración de las Cortes Constituyentes el 11 de febrero de 1869 hasta el 30 de marzo, día que la comisión correspondiente presentó el proyecto de Constitución, llegaron numerosas peticiones a la Asamblea, destacando las que se referían a la abolición de quintas, concesiones de indultos y reducciones de condenas, supresión del impuesto personal y abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Pero las que se referían a temas eclesiásticos fueron escasas. Del total de ciento cincuenta y cuatro peticiones, solo cinco tenían relación con la Iglesia católica y de ellas la única que pedía la unidad católica (es decir, el mantenimiento de la confesionalidad del Estado Español) fue la del obispo de Mallorca: 

El 27 de febrero de 1869 se leyeron las 22 peticiones que habían llegado hasta entonces. La número 2, del Ayuntamiento de Nava de Francia (Salamanca) pedía que se redujera el presupuesto del clero; la número 9, del obispo de Mallorca, la unidad católica. La número 17,  del Ayuntamiento de Valmojado (Toledo), la libertad de cultos; y la número 22, de “un crecido número de vecinos de Tarragona”, la separación de la Iglesia y el Estado. El 6 de marzo se leyeron otras 40 peticiones y el 13 del mismo mes otras 38, pero ninguna de ellas se refería a contenidos relacionados con la Iglesia. El 20 se leyeron  51 recibidas en los últimos siete días. Una de ellas, la número 136, de los vecinos de la parroquia de San Salvador de Serantes (La Coruña), solicitaba que las Cortes declarasen las prestaciones y ofrendas como puramente voluntarias “toda vez que el culto y sus ministros están  sostenidos por el Estado”[1].

La gran cuestión que se iba a plantear en las Cortes era la relativa a la libertad de cultos. El tema se suscitó el 23 de febrero, a poco de iniciarse las sesiones, cuando se estaba discutiendo si se daba un voto de gracias al Gobierno Provisional y se encomendaba a Francisco Serrano la formación de un nuevo Ministerio. Los diputados de la derecha tradicionalista y de la izquierda republicana reprocharon al Gobierno su política sobre la libertad de cultos, los primeros por oposición a la misma y los segundos porque pensaban que debía haberse declarado expresamente antes de la reunión de las Cortes. 

Ramón Vinader, miembro fundador de la Asociación de Católicos y componente de su Junta Superior, en nombre de los tradicionalistas, criticó duramente los decretos eclesiásticos del Gobierno provisional, especialmente los que suprimían la Compañía de Jesús, las Conferencias de San Vicente y las casas de religiosos. No entendía que el Gobierno hubiera sancionado la libertad de asociación y anunciase la libertad religiosa mientras negaba ambas a los religiosos. 

Estanislao Figueras, (republicano y católico practicante) intervino para explicar el concepto de los republicanos sobre la libertad de cultos. Sabía que la mayoría de los diputados deseaba que se legalizara esta libertad, pero él no creía que la solución fuera imponerla manteniendo el culto católico como privilegiado o dando continuidad a un sistema concordatario con la Iglesia católica, sino proclamando la separación de la Iglesia y el Estado. Francisco Pi y Margall (republicano y agnóstico) intervino a continuación, sosteniendo que el pueblo no había estado satisfecho con el Gobierno Provisional porque no había decretado la libertad de cultos. Si no se aprobaba esta, la Iglesia católica terminaría por poner limitaciones al pensamiento y a la libertad de expresión, al creerse poseedora de la verdad sobre todos los grandes problemas humanos. Pi y Margall negaba la religiosidad del pueblo español, al añadir: “O mucho me equivoco o este pueblo es el menos religioso y más escéptico de la tierra”[2].
FIGUERAS

PÍ Y MARGALL

Al día siguiente, 24 de febrero, el ministro de de Gracia y Justicia y Fomento, Antonio Romero Ortíz, contestó a Vinader, extendiéndose en la que el mismo llamó “la reducción de los conventos de monjas”, frase que muestra cómo el decreto de supresión de órdenes religiosas de 18 de octubre, a pesar de su carácter general, estaba pensado sobre todo para ellas. El ministro reconocía que este asunto había “sublevado a una gran parte de señoras españolas”, pero no aceptaba que el decreto se limitase a perseguir a las monjas,  imponiéndoles sacrificios y vejaciones innecesarios: Todo lo que había pretendido con el decreto, según su opinión, era “trasladarlas de casas mal acondicionadas a otras mejores”.
ROMERO ORTIZ
RUIZ ZORRILLA

A continuación, intervino Manuel Ruiz Zorrilla, ministro de Fomento, para defender el decreto sobre incautación de archivos, bibliotecas y obras de arte, diciendo echar de menos algún comentario de Vinader sobre el asesinato del gobernador de Burgos, que se produjo el 25 de enero de 1869 en el momento en que trataba de entrar en la catedral para cumplimentar lo ordenado en el decreto sobre incautación de archivos eclesiásticos[3]. Ruiz Zorrilla denunció que la víspera de publicarse en la Gaceta de Madrid la instrucción y circular dirigidas a los gobernadores civiles para que ejecutasen el decreto, estas disposiciones ya habían sido publicadas en El Pensamiento Español[4], según su opinión, por soborno o engaño a algún dependiente de su Ministerio (Cándido Nocedal, diputado electo tradicionalista, y otros redactores del periódico estaban encarcelados en estos momentos).

El demócrata gaditano Segismundo Moret intervino para retomar el tema de la libertad de cultos. En su opinión, la cuestión religiosa se debía haber resuelto antes de que se formaran las Cortes facilitando así que la libertad de cultos se fuera imponiendo en el pueblo. La intolerancia religiosa era una vergüenza para España y la mantenía alejada de las naciones más avanzadas.
SEGISMUNDO MORET

A continuación, Romero Ortiz replicó a los reproches Pi y Margall sobre no haber decretado la libertad de cultos antes de la formación de las Cortes, aclarando que en la coalición  encabezada por los progresistas se mantenían diversas opiniones sobre los términos en que se tenía que concretar la expresada libertad. Para unos la libertad de cultos consistía en compaginar la continuación de la oficialidad de la Iglesia católica con la tolerancia hacia las demás religiones; para otros indicaba el mantenimiento de un Estado católico que subvencionase a todas las religiones que tuvieran representación en el territorio nacional. Otros, siempre según expresaba Romero Ortíz en su intervención, traducían la libertad de cultos al aspecto económico y la resumían en la traslación al Municipio y a la Provincia de las obligaciones económicas con la Iglesia que hasta el momento pesaban sobre el Estado. Estaba también, y Romero Ortiz la citó, la opinión de los republicanos, para los que la libertad de cultos llevaba consigo la consecución de una independencia total entre la Iglesia y el Estado. Ante la disparidad de opiniones y la proximidad de apertura de las Cortes, el ministro creyó que lo más oportuno había sido dejar a estas decidir qué libertad de cultos querían aprobar[5].

El 2 de marzo se aprobó una proposición de la mayoría progresista pidiendo que se designase una comisión de quince personas para que presentase el proyecto de Constitución. Fueron elegidos unionistas, progresistas y demócratas de la coalición monárquica (Ríos Rosas, Silvela, Ulloa, Posada Herrera, Cristóbal Valera, Montero Ríos, Olózaga, Aguirre, Mata, Vega Armijo, Martos, Moret, Becerra, Godínez de Paz y Romero Girón), quedando completamente excluidos los republicanos y tradicionalistas, lo cual hacía indudable que la libertad de cultos que se iba a consagrar se ajustaría a los designios de la coalición de centro. 

Al haber sido excluidos los republicanos de la comisión, el 9 de marzo trataron de conseguir una aceptación implícita de dicha libertad mediante la presentación de un proyecto de ley que pretendía la aprobación del matrimonio civil. La  propuesta decía: “Establecida ya de hecho la libertad de cultos en España, pedimos a las Cortes Constituyentes que, para hacer efectivo uno de los principales beneficios, se sirvan decretar con urgencia el establecimiento del matrimonio civil”. Los republicanos no tenían seguro que la comisión aprobase la libertad de cultos, pues el diputado Río, uno de los firmantes de la propuesta, precisó que la petición se basaba en la necesidad de reconocer dicha libertad, que él mismo defendía, si bien aceptaba que se dejasen “intactas las relaciones de la Iglesia y el Estado”. Los republicanos daban por el momento por perdida su meta de lograr la separación de la Iglesia y el Estado y se conformaban con forzar un reconocimiento del principio de la libertad de cultos. Romero Ortiz sabía que la pretensión de los republicanos era conseguir dicho reconocimiento antes de que la Comisión Constitucional lo dictaminase. Había reconocido anteriormente que la libertad religiosa era un hecho, pero ahora decía que faltaba la sanción de la Cámara. La proposición de ley fue retirada cuando el ministro expresó su intención de incluir el matrimonio civil en el próximo código civil[6].

Como he dicho al principio, las peticiones dirigidas a las Cortes Constituyentes desde su formación hasta la presentación del proyecto de Constitución pidiendo la unidad católica fueron muy escasas. Esto se debió principalmente a que la Asociación de Católicos había estado organizando una petición colectiva a las Cortes para que se mantuviese la unidad católica, que no se entregó hasta después de leerse el proyecto en la Cámara. La Junta Superior de la asociación había formalizado el 25 de diciembre de 1868 una convocatoria para que los católicos apoyasen la petición con su firma. Se esperaba que, una vez constituidas, las Cortes se inclinarían “ante la conciencia del país (...) al ver resuelta por esta especie de sufragio la cuestión religiosa”[7]

El 5 de abril de 1869 se procedió a una entrega inicial de peticiones que contenía, según la asociación, dos millones ochocientas treinta y siete mil ciento cuarenta y cuatro firmas, procedentes de ocho mil cuatro lugares. Teniendo en cuenta que el plazo transcurrido desde el inicio de la recogida de firmas era de poco más de tres meses, la cantidad resulta muy elevada. La Junta Superior de la Asociación de Católicos, para evitar falsificaciones, había advertido que no recibiría peticiones firmadas que no estuviesen autorizadas por una o dos personas conocidas de alguno de los miembros de la asociación o de los redactores de alguno de los periódicos católicos que apoyaban la iniciativa, o que llevase el sello de la parroquia correspondiente. Pero esto no asegura que no se hubiera cometido algún fraude, y más teniendo en cuenta que, dado el elevado número de analfabetos que había en España, la firma de estos podía ser realizada por otra persona, sin que existieran garantías de que el titular lo hubiese autorizado. Además, podían firmar todos los que lo desearan, sin limitación de edad[8].

El 14 de abril se remitió a las Cortes una segunda remesa de firmas, trescientas cincuenta y nueve mil cuatrocientas ochenta y nueve, de otras mil veintiocho localidades[9]. Las Cortes Constituyentes pasaron a la Comisión Constitucional estas firmas adicionales en sesión del 26 de abril[10]. Algo más tarde, la Asociación de Católicos publicó un resumen total de las firmas conseguidas, reflejando la cantidad de tres millones cuatrocientas cuarenta y ocho mil trescientas noventa y seis firmas procedentes de diez mil ciento diez localidades[11].

La distribución por provincias de las firmas pidiendo que la religión católica continuara siendo perpetuamente la de la nación española dibuja un mapa en el que se aprecian zonas de predominio católico conservador y otras cuya escasez de firmas indica mayor adhesión a la revolución o al menos más indiferencia religiosa. Los resultados de estas últimas coinciden con las ciudades donde se dieron las Juntas revolucionarias más decididas respecto a la proclamación de libertades y toma de medidas inmediatas contra conventos. Jesús Jerónimo Rodríguez González ha calculado por provincias las firmas de adhesión a la unidad católica. El mapa que resulta de aplicar los porcentajes de población a los datos de la Asociación de Católicos, dando por cierto que no hubiera fraudes en la recogida de firmas, muestra una adhesión confesional elevada en las provincias vascongadas (Álava, 58,84; Guipúzcoa, 53,05; Vizcaya, 39,56), Navarra (58,84); Teruel, (54,35); así como también en buena parte de  Castilla la Vieja y León (Palencia, 51,74; Soria, 49,13; Burgos, 45,63; León 44,09, Salamanca, 39,73, Zamora, 37,94, Segovia, 35,00, Valladolid, 33,24).

Por el contrario, Madrid (9,38) Andalucía (Málaga, 7,46; Cádiz, 13,09; Jaén, 16,06; Sevilla, 16,88;  Córdoba, 17,15) y el Levante español (Castellón, 15,94; Murcia, 16,10; Albacete, 17,17; Valencia, 27,23; Barcelona, 27,9) se mostró como la zona más reacia a firmar el manifiesto y por ende más partidaria de la libertad de cultos o más indiferente hacia la religión. Si se tienen en cuenta, no las provincias, sino sus capitales, los porcentajes de adhesión al manifiesto de la Asociación de Católicos son casi siempre menores. (Madrid, 7,25; Málaga, 3,93; Cádiz, 10,05;  Sevilla, 15,99; Córdoba, 5,77; Castellón, 2,79; Murcia, 11,41; Albacete, 3,91; Valencia, 15,95; Barcelona, 15,52 [12].

El mismo día 26 de abril, tras recibirse la segunda remesa de firmas de la Asociación de Católicos, comenzó el debate sobre los artículos veinte y veintiuno del proyecto de Constitución. Las intervenciones centradas en la defensa u oposición a la libertad de cultos se prolongaron hasta el 5 de mayo[13]. El obispo de Jaén, Antolín Monescillo, y el canónigo Manterola, ambos diputados, intervinieron para consignar la necesidad de respetar a la Iglesia y mantener la unidad católica. El republicano García Ruiz recordó que en España había dieciséis millones de personas, cantidad muy superior a la de las firmas que pedían el mantenimiento de la unidad católica. Respecto al sostenimiento económico de la Iglesia, creía que solo debía aprobarse si el país lo deseaba. El ministro Montero Ríos le contestó que los dieciséis millones de españoles eran católicos y que todos, por tanto, deseaban el sostenimiento del culto. El canónigo Manterola pidió más tarde que el artículo veinte consignara que la religión española, como única verdadera, continuaba siendo la única del Estado[14]. El 27 de abril continuó su defensa de la reforma del artículo diciendo: “Yo, en Inglaterra, ¡quien lo duda!, sería partidario acérrimo de la libertad de cultos; pero en España soy acérrimo partidario de la unidad religiosa (...). Mis principios son estos: La religión católica es la verdad; solo la verdad tiene derecho al goce de sus fueros y no puede renunciar a ninguno de ellos”. Montero Ríos contestó a Manterola que con sus palabras no estaba defendiendo los derechos de la Iglesia católica, sino una situación política privilegiada para el clero[15].
ANTOLÍN MONESCILLO

VICENTE MANTEROLA

Los demócratas de la comisión encargada de estudiar el proyecto constitucional habían logrado convencer a los progresistas más tibios de la importancia de la libertad de cultos como parte de los derechos del hombre. Los progresistas aludían en sus discursos, más que a los derechos individuales, a la necesidad de adaptarse a la realidad circundante, ya que  varios países de Europa habían proclamado la libertad de cultos. La característica de las épocas anteriores había sido la intolerancia, pero las naciones ya no podían vivir, como antes, encerradas en sus propios hábitos y creencias. También la Iglesia tenía que adaptarse a los nuevos tiempos y carecía de sentido ir en contra de la corriente general. La presencia de extranjeros en España había sido una cuestión no solventada en lo referente a la religión. Estos tenían derecho a manifestar públicamente sus creencias y a ser enterrados digna y públicamente. Y el hecho de que los españoles tuvieran reconocidos estos derechos en otros países no católicos exigía una justa reciprocidad[16].

El 5 de mayo se aprobaba el artículo veintiuno de la Constitución, mediante el cual se imponía el proyecto secularizador de progresistas, demócratas y unionistas avanzados al de la izquierda republicana, quedando igualmente vencido el inmovilismo del clero y los tradicionalistas y el conservadurismo de la derecha (canovista) de la Unión Liberal. Su texto definía una nueva relación con la Iglesia católica basada en el respeto a la libre profesión de cualquier religión, pero manteniendo el compromiso de sostener económicamente tan solo a la católica. Esta cuestión formaba parte de la política liberal desamortizadora, pues los liberales se sentían obligados a compensar a la Iglesia por la pérdida de sus bienes. Al quedar sometida económicamente a los presupuestos del Estado, la Iglesia perdía gran parte de su autonomía.  La libertad de cultos quedaba delimitada y matizada en el artículo: 

La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica.

El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantido a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.

Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.

Como se puede observar, se privilegiaba la religión católica. Por otra parte, la libertad religiosa se justificaba expresamente como dirigida a los extranjeros residentes en el país; pero se consideraba prácticamente innecesaria para los españoles, no por negárseles el derecho, sino por dudar (en teoría)  de que hubiese algún español que profesara "otra religión que la católica". Era una formula que trataba de contemporizar con los defensores de la unidad católica, cosa que no se consiguió.

La ratificación constitucional de las libertades de expresión y enseñanza contribuyó a anular gran parte de la influencia de la Iglesia católica en España. Pero la libertad de cultos sancionada por la Constitución tocaba un aspecto aún más importante para la Iglesia católica y sus partidarios más conservadores, pues el catolicismo dejaba de ser la religión exclusiva de España. El Estado no se declaraba aconfesional y se comprometía a sostener económicamente a la Iglesia, pero esta se veía despojada de la situación de monopolio que había mantenido hasta el momento. De esta forma, la aprobación de la libertad de cultos iba a producir un recrudecimiento en la oposición de la Iglesia católica al régimen revolucionario. La negativa de los prelados a jurar la Constitución y el desarrollo legislativo de la misma iban a contribuir en gran manera a intensificar el conflicto entre secularizadores y clericales.






[1] RODRÍGUEZ y MORALES, J., Crónica de las Cortes Constituyentes y los acontecimientos políticos de España durante el período legislativo, tomo I, Madrid,  Imprenta de Manuel Galiano, 1869.
[2]  La sesión de Cortes Constituyentes del 23 de febrero de 1869 en RODRÍGUEZ y MORALES, J., op. cit., pp. 128-164.
[3]  El gobernador, Gutiérrez de Castro, fue apaleado, quemado y mutilado, produciéndose la detención de más de cien personas. OLIVAR BERTRAND, R., Así cayó Isabel II, Madrid, Sarpe, 1986 (Hay una edición de Destino de 1955),  pp. 192-3.
[4]  Núm. 2766, 25 de enero de 1869.
[5]  La sesión del 24 de febrero, en RODRÍGUEZ y MORALES, J., op. cit., pp. 164-235.
[6]  La Sesión de 2 de marzo, Ibídem, pp. 317-322.
[7]  El Comercio, número 8.996, 1 de enero de 1869.
[8]  Ibídem, número 9099, 14 de abril de 1869.
[9]  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JESÚS JERÓNIMO, “La sociedad española ante la libertad religiosa 1869. Valoración cuantitativa”, en Hispania Sacra, 39: 79 (1987), op. cit., pp. 256-7.
[10]  Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, tomo III, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870, p. 1358.
[11]  Cfr. S. A., Asociación de Católicos de España. Petición dirigida a las Cortes Constituyentes a favor de la unidad católica de España, Imprenta de la Esperanza, Madrid, 1869. 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J. J., en op. cit., p. 257, cita esta cifra final; pero otros historiadores sólo reflejan el envío del 6 de abril. 
SANZ de DIEGO, R. Mª., en Medio siglo de relaciones Iglesia-Estado: El cardenal Antolín Monescillo y Viso (1811-1897),  Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1979, pp. 353-5, habla de “tres millones de firmas”. 
CÁRCEL ORTÍ, V., en Historia de la Iglesia en la España Contemporánea (Siglos XIX y XX), Madrid, Palabra, 2002, p. 410 cita como participantes un total de 8.604 pueblos y “casi tres millones de firmas”. (claramente la remesa del 6 de abril).
CALLAHAN, W. J., en Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, Nerea, 1984, p. 235, cita también la cantidad de firmas enviadas el 6 de abril: 2 827 144 firmas. En cualquier caso la cifra es tan importante como nulos fueron sus efectos sobre el debate parlamentario.
[12]  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. J., op. cit., pp. 260-268 y  pp.279-294.
[13] Un resumen de las intervenciones presentando enmiendas, en PEÑA GONZÁLEZ, J., Cultura política y Constitución de 1869. Las funciones de la Constitución, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, pp. 189-202.
[14]  Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, tomo III, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870, pp. 1369, 1370 y 1379.
[15]  Ibídem, pp. 1396 y 1400.
[16]  Sobre los argumentos empleados por los diputados a favor o en contra de la libertad de cultos, Cfr.  PETSCHEN, S., Iglesia-Estado: un cambio político. Las Constituyentes de 1869, Madrid, Taurus, 1975, pp. 255-307.

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